A dos días de la segunda vuelta presidencial, el Ministerio del Trabajo reportó 104 denuncias por presunto constreñimiento electoral en empresas de sectores como salud, minería, comercio, alimentos, servicios financieros y entidades territoriales, e impuso 15 medidas preventivas, tras 32 visitas de inspección a lo largo de dos semanas.

Las denuncias recibidas incluyen amenazas de despido, condicionamiento de contratos laborales, presiones para participar en actividades de campaña y exigencias de evidencias sobre la forma de ejercer el sufragio.

El Ministerio trasladó copia de las quejas al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) para actuaciones dentro de sus competencias.

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"La democracia también se protege en los lugares de trabajo. Ningún trabajador o trabajadora puede ser presionado, intimidado o condicionado para votar por determinado candidato o para abstenerse de ejercer su derecho. El voto es libre, secreto y personal, y el Gobierno Nacional actuará con toda la firmeza frente a cualquier intento de vulnerarlo", afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

La Circular Externa 0053 del 18 de junio, dirigida a empleadores y trabajadores, reiteró la obligación de conceder licencias remuneradas para acudir a las urnas, conforme al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. La norma complementa acciones preventivas iniciadas con la Circular 0029 de marzo pasado para las elecciones al Congreso.

El constreñimiento electoral constituye delito, advirtió la cartera laboral, y cualquier conducta orientada a presionar o influir indebidamente en la decisión de los trabajadores podrá generar investigaciones administrativas, disciplinarias y penales.

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