En la mañana de hoy el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter que aproximadamente US$80 millones en sobornos se iban a distribuir para la compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y funcionarios del gobierno del expresidente Duque.
A su vez, afirmó que esta es una investigación que ya está en marcha en Italia, y que, solicita a la Fiscalía General, hacer lo mismo en Colombia por la compra de aviones y barcos militares.
“80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno. La investigación italiana avanza, solicito a la Fiscalía iniciarla en Colombia”, trinó el mandatario.
Esta operación tenía como objetivo incentivar y obtener de las autoridades colombianas la celebración de acuerdos por un valor total de más de 4.000 millones de euros. Para conseguirlo, ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilícita de 40 millones de euros correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros.
Lea además: En firme cédula digital: Consejo de Estado rechaza tutela que pretendía anularla
También participan en la investigación “Edgardo Fierro Flores jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto , delegados de la comisión del Senado de Colombia”.
Señalados en Italia por la compra de equipos militares
Los involucrados en este caso son Massimo D’Alema, expresidente del Consejo de Ministros de Italia, y Alessandro Profumo, CEO de la empresa Leonardo S.p.A, una compañía dedicada a la fabricación de equipo aereonáuticos y navales. Además, Giuseppe Giordano, exdirector general de Fincantieri, una empresa de construcción naval.
Le puede interesar: Petro marchará junto a sindicatos colombianos en defensa de sus reformas
De acuerdo con la acusación, “los sospechosos actuaron en diversas capacidades como promotores de la iniciativa económica comercial de vender al gobierno colombiano productos de empresas italianas con participación pública, por ejemplo, la empresa Leonardo, en particular, con aviones M 346, y Fincantieri, con carros y pequeños submarinos y la construcción de astilleros (estructura en donde se reparan los buques)”.
Esta propuesta se dio con el fin de obtener de las autoridades colombianas la celebración de los acuerdos formales y definitivos relativos a los suministros descritos y cuyo valor económico global ascendía a más de 4.000 millones de euros.
Según el código penal, para esta transacción se habría violado el artículo 322 bis, que castiga “el peculado, la extorsión, la inducción indebida a dar o prometer beneficios, la corrupción y la instigación a la corrupción, el abuso de poder por miembros de tribunales internacionales u órganos de la Comunidad Europea o asambleas parlamentarias internacionales u organizaciones internacionales y funcionarios de las Comunidades Europeas y extranjeros Estados”.
Siga leyendo: ONU pide a Colombia más recursos para combatir trata de personas
En la investigación italiana se identificó que “Francesco Amato y Emanuele Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazzotta y lograron tener contactos con Massimo D’Alema quien por su currículum de cargos también de importancia internacional cubierta a lo largo del tiempo, actuó como mediador informal en las relaciones con la alta dirección de las empresas italianas, es decir, Alessandro Profumo como director general de Leonardo y Giuseppe Giordo como director general de la división de buques de guerra de Fincantieri.
“La suma total de 80 millones de euros se dividiría concretamente entre el ‘lado colombiano’ y el ' lado italiano’ mediante el recurso al bufete de abogados asociado estadounidense Robert Allen Law , con sede en Miami (informado y presentado por D’Alema como agente e intermediario comercial formal en Fincantieri y Leonardo), para preparar el tránsito y distribución de esa suma de dinero entre las personas físicas individuales que constituyen la ‘parte italiana’ y la ‘parte colombiana’”.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
