Las organizaciones que elaboraron el informe sobre la violencia en el Chocó y participaron en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron este lunes su profunda preocupación frente a los compromisos suscritos entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo en Doha (Qatar), pues consideran que estos anuncios no despejan las dudas sobre la falta de transparencia y participación efectiva de la sociedad civil.

El grupo de colectivos advirtió que tanto el Gobierno como el grupo armado construyeron narrativas confusas que apelan a una supuesta voluntad de paz, pero que en la práctica carecen de sustento jurídico y mecanismos claros de rendición de cuentas.

Las organizaciones señalaron que esta falta de claridad impide evaluar el impacto real de lo acordado e imposibilita a las comunidades incidir en las decisiones que afectan directamente sus vidas y su seguridad en los territorios, abriendo la puerta a que se reproduzcan dinámicas de control armado.

Una de las alertas principales giró en torno a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), lugares donde se concentrarían los miembros del grupo armado. Las entidades denunciaron que estas zonas se plantearon sin un proceso de consulta previa, libre e informada con las organizaciones étnico-territoriales ni con las comunidades afectadas, lo cual generó un ambiente de alarma y desconfianza en la región.

Lea aquí: Migración expulsó a ciudadano dominicano con documentos colombianos falsos

Los voceros explicaron que existe un riesgo latente de repetir errores del pasado, como sucedió con el Espacio Territorial de Caracolí, en Carmen del Darién.

Allí, el Gobierno anterior concertó un arriendo en un predio individual de un presunto despojador de tierras, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Las organizaciones cuestionaron cómo el Estado pretende implementar estas nuevas zonas en municipios como Belén de Bajirá y Unguía, donde casi la totalidad de la tierra es colectiva, sin vulnerar los derechos de sus habitantes.

El documento subrayó que las zonas de ubicación propuestas se encuentran en territorios históricamente dominados por el grupo armado, donde este actor controla rentas legales e ilegales como la minería, el narcotráfico y la tala de bosques. Al no existir claridad sobre qué acciones tomará el Gobierno para frenar estas economías, las organizaciones alertaron que la medida podría terminar fortaleciendo la influencia territorial y la capacidad económica del grupo armado en lugar de reducirla.

También enfatizaron que los protocolos conocidos hasta el momento no contemplan cómo prevenir nuevas afectaciones a la población civil ni cómo reducir el control social que ejerce el grupo. No se especificó la manera en que se abordarán victimizaciones graves como los confinamientos, la violencia sexual contra las mujeres, el reclutamiento forzado y las escuelas de adoctrinamiento para jóvenes, ni se definieron mecanismos para garantizar que estos delitos no aumenten durante el proceso de diálogo.

Las organizaciones rechazaron que el mecanismo de verificación anunciado sea tripartito, compuesto únicamente por el Gobierno, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y el propio grupo armado, dejando por fuera a la sociedad civil. Argumentaron que esta exclusión debilita la transparencia del proceso, ya que la verificación dependerá de la información que suministren las partes involucradas sin espacios para que la comunidad contraste dicha información.

Conozca: Sindicatos y empresarios no llegaron a un acuerdo para el salario mínimo de 2026

En el comunicado exigieron saber si los organismos internacionales y el Estado tienen previsto incorporar formalmente a las organizaciones étnicas y sociales de departamentos como Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar como parte activa del monitoreo, pues consideran que su labor solo tendrá legitimidad si incluye las voces de quienes viven la guerra en los territorios.

Ante este panorama, los firmantes presentaron una serie de exigencias al Gobierno, entre las que destacaron la necesidad de garantizar una participación real de las comunidades negras, indígenas y campesinas, así como transparencia total sobre los alcances de la concertación.

Pidieron priorizar la atención a la violencia sexual y asegurar la presencia integral del Estado con justicia, educación y salud, más allá del componente militar.

Al grupo armado le exigieron cesar inmediatamente todas las prácticas de control social y respetar los derechos de las autoridades propias de las comunidades.

Finalmente, hicieron un llamado a los países mediadores como España, Noruega y Suiza para que reconozcan el rol central de las víctimas y no permitan que se excluya a las organizaciones locales de las decisiones. Solicitaron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar una visita al Chocó para verificar directamente la situación humanitaria.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.