La guerra en el Catatumbo completó doce meses de una ofensiva militar ininterrumpida que dejó la crisis humanitaria más grave de las últimas décadas con más de 90.000 desplazados y un centenar de muertos, según reveló la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un análisis que cuestionó la efectividad de las políticas de seguridad del Gobierno y advirtió sobre el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) frente a unas disidencias que se reorganizan en medio del abandono estatal.

La región entró hace un año en una espiral de violencia que la disputa entre la guerrilla del Eln y las disidencias del Frente 33 no permitió detener. Las cifras entregadas por el Puesto de Mando Unificado PMU de Norte de Santander confirmaron la magnitud de la tragedia hasta el pasado 13 de enero de 2026, fecha en la que se contabilizaron al menos 166 muertos, entre ellos diez menores de edad y seis firmantes de paz, además de 19 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio.

La confrontación obligó a cerca de 92.000 personas a abandonar sus hogares, un dato que la Defensoría del Pueblo elevó al registrar más de 105.000 víctimas en el sistema nacional, en su gran mayoría por desplazamiento forzado. La crisis golpeó con severidad a mujeres y niños, pues entre enero y septiembre de 2025 se denunciaron 299 casos de violencia sexual y el reclutamiento forzado de 64 menores, hechos que convirtieron al municipio de Tibú en el epicentro de estas violaciones a los derechos humanos.

La FIP explicó que la confrontación se intensificó debido a que el Frente 33, pese a perder el 90 % de su territorio, logró reforzarse con apoyos de otros bloques disidentes y conservó su capacidad de combate. El centro de pensamiento señaló que la respuesta de las entidades del Gobierno para controlar el territorio fue "muy lenta", lo que dejó a las comunidades sin protección efectiva en medio del fuego cruzado.
 

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El análisis detalló que el Frente de Guerra Nororiental del Eln cuenta hoy con más de 2.000 combatientes, mientras que las disidencias sumarían unos 500 integrantes. A este desbalance se sumó el factor Venezuela, que facilitó el control fronterizo de la guerrilla incluso antes de las operaciones contra el régimen vecino. Además, surgieron nuevas alertas sobre posibles intentos del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de ingresar a la zona.

Pese a que el Gobierno aseguró haber recuperado el 70 % del Catatumbo, la realidad en el terreno desmintió las mejoras en seguridad. La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33, anunciada en abril de 2025 como un paso hacia la normalización, nunca se concretó y dejó a los actores en un limbo de incertidumbre. Del mismo modo, la declaratoria de Conmoción Interior enfrentó obstáculos legales y no logró dotar a las autoridades de herramientas para frenar la emergencia.

El deterioro del orden público tuvo consecuencias directas sobre el proceso de reincorporación. El antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio se desplazó por completo hacia una zona rural de Cúcuta ante la falta de garantías para la vida de los excombatientes de las FARC.

En materia de economía ilícita, aunque 6.500 familias se inscribieron en el programa de sustitución 'RenHacemos' en 2025, la coca se mantuvo como el eje financiero del territorio. La FIP concluyó que el programa reactivó compromisos entre el Estado y las comunidades, pero su sostenibilidad quedó condicionada a una seguridad que hoy no existe.

El informe finalizó con una advertencia de cara a las elecciones legislativas de marzo, donde se elegirá al representante de las víctimas para la curul de paz, un proceso democrático que se desarrollará bajo la "ley del silencio" que impusieron los grupos armados mediante amenazas y control social.

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