La Procuraduría General de la Nación advirtió posibles fallas en la planeación y supervisión de 1.053 contratos de prestación de servicios suscritos por la Cancillería entre agosto de 2025 y febrero de 2026, por un valor total de $83.742 millones.
El Ministerio Público cuestionó que la contratación de personal externo pueda estar siendo utilizada para cubrir de manera permanente funciones que corresponden a la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Según la entidad, no encontró una evaluación técnica suficiente de las cargas laborales que demostrara la necesidad de recurrir a esta modalidad.
La Procuraduría también llamó la atención sobre contratos celebrados a pocas semanas de la entrada en vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías.
En algunos casos, señaló el Ministerio, los documentos que soportan su ejecución no serían suficientes para demostrar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y podrían existir incumplimientos relacionados con los objetos contractuales.
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El organismo de control extendió sus preocupaciones a la administración del personal de la Cancillería, particularmente a la Carrera Diplomática y Consular. Advirtió que eventuales movimientos de funcionarios que no se ajusten a las reglas podrían afectar la continuidad y el funcionamiento del servicio exterior.
A la Procuraduría le preocupa puntualmente, la forma en que el Ministerio está justificando y vigilando la contratación por prestación de servicios y, por otro, las decisiones relacionadas con su planta de personal y la carrera diplomática.
Ante estos hallazgos, el Ministerio Público pidió a la Cancillería revisar las necesidades reales de personal y racionalizar el gasto, teniendo en cuenta criterios de mérito, imparcialidad y legalidad.
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