Siguen en aumento las reacciones políticas y disciplinarias tras la detención de varios disidentes de las Farc que se transportaban en una caravana de la UNP. No solo son los reproches por el uso que se le da a los vehículos de la Unidad, sino la posible permisividad de las autoridades a cargo de la administración y asignación de los esquemas.
Esta vez, se conoció que la Procuraduría General avanza en las diligencias, según su competencia, para establecer si hay o no lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias a los directivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Para ello, en las últimas horas el órgano de control llevó a cabo una inspección disciplinaria a la entidad para identificar qué servidores públicos pudieron incumplir la normatividad, Manuales y / o Protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.
“El equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales las cuales permitirán establecer el tipo de vinculación de los agentes de protección involucrados en el episodio para determinar responsabilidades”, informó el organismo.
Los hechos ocurrieron hace apenas una semana, cuando en un retén militar, en vías del municipio de Santo Domingo, Antioquia, fue detenida una caravana en la que se movilizaba un grupo de disidentes de las Farc con órdenes de captura. Lo grave es que en los vehículos fueron hallados elementos tales como armas de fuego, municiones, dinero, entre otros.
En total iban 13 disidentes, incluyendo un adolescente reclutado que fue dejado a disposición del Bienestar Familiar. De estos, siete quedaron detenidos porque tenían órdenes de captura vigentes o porque estaban cometiendo delitos en flagrancia, como el porte ilegal de armas y municiones y el transporte de oro y gruesas sumas de dinero sin soporte legal (posible lavado de activos).
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“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la Directora Nacional al recalcar que “si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”.
De acuerdo con el Ministerio Público, los directivos de la UNP pudieron incurrir en “conductas disciplinarias relevantes”.
Dentro del proceso, se procederá con una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello.
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