Tras conocerse una lista de funcionarios que hicieron parte de la administración de Gustavo Petro que recibirían modificaciones en sus esquemas de seguridad, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que no serán eliminados.
El funcionario afirmó públicamente ante los medios que los esquemas de seguridad asignados por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) serán ajustados, por lo que habrá una reducción para garantizar una “protección básica”. Lara justificó esta decisión: “Usted no puede ser exministro y tener esquema de ministro”.
Asimismo, el ministro cuestionó que algunos exfuncionarios de 8 o 10 años atrás y exsenadores mantengan camionetas blindadas y escoltas armados cuando su riesgo ya pasó, atribuyendo la situación a un alto nivel de desorden y derroche en la entidad.
Para el MinInterior, la meta central con este tipo de medidas es liberar a los agentes de la Policía asignados a esquemas de protección para enviarlos a las calles a combatir la delincuencia, en vez de estar cuidando a personas que, según él, no enfrentan peligro.
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¿A quiénes se les reducirá los esquemas de seguridad?
Los ajustes a los esquemas de seguridad incluirían, según las palabras del ministro del Interior, a quienes pertenecieron a administraciones anteriores y aún posean una protección como si aún se desempeñaran dentro del Estado o conservaran un peligro por su labor.
Entre esas personas están varios exintegrantes del gabinete de la administración saliente de Gustavo Petro, como Antonio Sanguino, Germán Ávila, Guillermo Jaramillo, Rosa Villavicencio, Daniel Quintero Calle, Carlos Carrillo, entre otros.
Justamente, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se pronunció en sus redes sociales sobre la decisión de la UNP. “El Gobierno reconoce riesgo extraordinario. La respuesta: ¡Un chaleco! ¡Gracias por las garantías!”, subrayó Carrillo, calificando la decisión de “política”.
Los esquemas de seguridad por parte de la UNP están reglamentados por el Decreto 1066 de 2015 que establece que una de las causales de la eliminación de los esquemas de seguridad es cuando la persona deja de ejercer el cargo público, la militancia o la condición por la cual se le fue asignado.
Igualmente, la normativa establece que tanto en una eliminación como reducción de los esquemas, la persona afectada tiene 5 días hábiles para argumentar el motivo por el cual aún tiene un riesgo latente.
