El Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, ordenó este jueves la liquidación de la EPS Convida “poner en riesgo la prestación de los servicios de salud a sus 478.399 afiliados del departamento de Cundinamarca”.
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Se trata de la segunda liquidación de una EPS ordenada por el Superintendente en menos de 25 días de gestión.
Con esta decisión, los afiliados pasarán a entidades receptoras del aseguramiento que deberán garantizar su derecho fundamental a la salud, continuidad de los servicios y tratamientos de manera oportuna y sin interrupciones.
“La situación a la que llegó Convida es un ejemplo más de cómo se ha desvirtuado el rol de protección de la salud por parte de estas entidades que manejan los recursos públicos; colocando en grave riesgo la salud y vida de los ciudadanos, quienes son los verdaderos dueños del sistema”, aseguró el Superintendente.
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La SuperSalud informó que a nivel nacional Convida tenía uno de los indicadores más altos en tasas de mortalidad materno perinatal y mostraba un incremento en la tasa de sífilis congénita, con lo cual las maternas y sus bebés podían contraer enfermedades prevenibles.
Durante el primer semestre de 2022, registró 5.850 peticiones, quejas, reclamos o denuncias de sus afiliados en Cundinamarca, volumen que la ubicaba como la tercera EPS con más quejas del régimen subsidiado en este departamento.
Los principales motivos de quejas eran la falta de oportunidad en la asignación de citas de medicina especializada, la demora en la entrega de medicamentos cubiertos y las demoras en la referencia y contrarreferencia de sus pacientes.
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En el aspecto financiero, desde el año 2016 la EPS Convida no cumple las condiciones financieras y de solvencia de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones.
Asimismo, el 76% del pasivo reportado se concentra en 20 terceros, en su mayoría prestadores (16), por un monto que asciende a $433 mil millones, de los cuales $299 mil millones se le adeudan a la red prestadora, en su mayoría pública.
Su nivel de endeudamiento se mantuvo elevado y se fue agravando en las últimas vigencias, al pasar de 1.7 en 2017 a 3.2 al cierre de 2021. Con corte a junio de este año se encontraba en el orden de 2.8, denotando su insolvencia.
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