Esta semana el Gobierno Nacional logró un acuerdo con la compañía Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes en Colombia al menos hasta septiembre de 2025. La cancillería se vio obligada a ceder para evitar un chicharrón mayor y finalmente negociar con el actual fabricante, tal como lo recomendó hace más de un año la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, removida del cargo por sugerir esa alternativa.

La prórroga parece aliviar la presión que recayó en los últimos meses sobre el Gobierno al verse enfrentado a una posible crisis provocada por el deseo apresurado de cambiar al contratista sin un plan de transición claro.

El meollo inició cuando el excanciller Álvaro Leyva anunció la apertura de una convocatoria pública para elegir un nuevo fabricante de pasaportes y cambiar al actual, Thomas Greg.

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Sin embargo, poco después de publicarse la convocatoria, se conocieron más de 400 quejas de al menos 10 empresas interesadas en participar. Los competidores alegaron favorecimientos a Thomas en el pliego de condiciones para que ninguna firma tuviera oportunidad de ganar más que ellos mismos.

Al final, Thomas fue la única que cumplió con los requerimientos, y quedó como único proponente habilitado. Fueron los reclamos de los demás interesados en los que basó el excanciller Leyva su decisión de declarar desierta la licitación lo que resultó un tiro al pie. 

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El Gobierno se había quedado sin fabricante de pasaportes por primera vez desatando una crisis que al final se subsanó prorrogando el contrato a Thomas Greg, primero por un año, desde el 3 de octubre de 2023 hasta el 3 de octubre de 2024 y ahora otro año más, hasta septiembre de 2025.

Los vientos en todo caso seguían soplando a favor de la compañía que inició una carrera en la que se fue perfilando como el único salvavidas, acentuando su inevitable escogencia, sin rival, así como ha venido ocurriendo desde hace más de cuatro décadas. Esta vez volvió a caer parada: continuará como fabricante y a la par llevará a cabo funciones para asesorar a una empresa de Portugal.

Según los planes del Gobierno, en septiembre del otro año los portugueses y la Imprenta Nacional asumirán toda la generación de las cartillas. Los favoritismos hacia Thomas Greg no eran bien recibidos en el petrismo. Desde antes lo venía ventilando el jefe de Estado: “Thomas Greg & Son’s pone a los presidentes de Colombia”, dijo el mandatario en el año 2019.

La compañía familiar, que de anglosajón apenas tiene el nombre, tiene monopolizado el negocio de la expedición de pasaportes, pasando inadvertido durante más de 40 años. Por primera vez, el año pasado el Gobierno levantó el banderín rojo advirtiendo preferencias de antaño.

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Los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista heredaron la firma tras la muerte de Gregorio, su padre. Han sabido mantener avante el negocio, alcanzando el buen favor y la bendición para tener su casa matriz en una isla inglesa en el canal de la Mancha llamada Guernsey y con presencia en una docena de países, desde la India hasta Brasil.

Aunque no todo ha sido color de rosa. En 1983, Camilo y Fernando protagonizaron lo que fue catalogado por la prensa de Estados Unidos como el segundo mayor fraude financiero de ese país. Los hermanos y su socio, Alberto Duque Rodríguez, defraudaron a 25 bancos de Estados Unidos con embarques falsos de café, solicitando préstamos por más de 130 millones de dólares. Camilo y Fernando se declararon culpables del delito de fraude bancario, por lo que fueron condenados a 9 años de prisión, de los cuales pagaron 3.

Nada de esto, sin embargo, ha sido impedimento para que los Bautista se codeen con personajes de las más altas esferas del Gobierno, sin importar que cada cuatro años llegue un nuevo presidente, incluso el del “cambio”.

De Thomas Greg la opinión pública conocía poco o nada. Sin embargo, del calculado anonimato saltaron a las portadas de todos los medios del país por el meollo que armó Leyva cuando los quiso apartar del negocio.

La puja no se definiría tan fácil, el Gobierno se estaba enfrentando a un gigante que nadie nunca tocó. Thomas Greg ha tenido en la primera fila de su junta directiva a influyentes políticos colombianos. 

El papel más significativo lo habría tenido la excanciller y exembajadora Noemí Sanín, que propició la introducción de la compañía a la Cancillería mediante el contrato de pasaportes y de paso dar el puntillazo para convertirlos en un actor imbatible en el sector de la contratación pública.

También fueron miembros los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana. En el caso de Santos, fue parte de la junta directiva entre septiembre de 2002 y julio de 2006, cuando Álvaro Uribe lo llamó a ser su ministro de Defensa. De hecho, en el año 2016 la entonces senadora y exalcaldesa de Bogotá Claudia López denunció que, curiosamente, desde la llegada de Santos a la Presidencia en 2010, el

, el negocio de los Bautista creció de manera exponencial hasta lograr el poder que tiene hoy.

“Esto no es delito, pero sí fueron entregadas a dedo, con pliegos amañados y es evidente que la contratación, desde que llegó Santos a la Presidencia, pasó de $88 mil millones a $690 mil millones. Eso tienen que explicarlo, más si se trata de los amigos de Santos, con los que juega golf”, dijo para la época López, al referirse no solo a los pasaportes, sino a la cantidad de servicios por los que el Estado le pagaba a Thomas, entre esos los de logística electoral para los años en 2014 y 2015.

De ahí la insistencia de Leyva en no dar su brazo a torcer cuando le cuestionaban haber ignorado las razones de Martha Lucía Zamora sobre conciliar con los Bautista y dejarles, como históricamente se hacía, el negocio de pasaportes. 

Y es que en teoría el contrato para la expedición de los documentos es por cuatro años, una vez finalizado el periodo debe llevarse a cabo una nueva licitación pública. En Colombia esta convocatoria ha estado sometida a cuestionamientos. Los requisitos suelen ser criticados por los competidores porque ponen plazos tan cortos para entregar requerimientos materiales que solo tiene a su mano el contratista de tradición. Por eso, desde 1991 a la fecha, Thomas Greg ha ensanchado sus arcas con más de 60 mil millones gracias a los contratos con el Estado, solo en el tema de pasaportes.

La licitación del 2019

Los supuestos favorecimientos hacía Thomas Greg se habrían acentuado en la licitación del año 2019 cuando Cadena S.A, una antiquísima compañía colombiana y única rival de Thomas en el mercado de la impresión, quiso participar a pesar del tradicional veredicto.

El pliego de condiciones les exigía a los proponentes capacidad de endeudamiento del 65%; patrimonio de 12,784 salarios legales mensuales vigentes, que para el año 2019 estaba en 828.116. Lo que más llamó la atención fue la exigencia de “11 muestras idénticas a las libretas actuales, 4 de esas, personalizadas”.

Las muestras debían pasar el examen de verificación del sistema ofimático de Migración Colombia. Lo significativo era que, en años pasados, cuando Thomas era el único proponente, ese requisito no aparecía en el pliego.

Pese a ello, Cadena presentó una propuesta, gracias a una alianza estratégica con la Casa de la Moneda de Portugal. En esa empresa, creada hace más de 250 años con reconocimiento mundial en el sector, fueron elaboradas las 11 muestras de los diferentes tipos de pasaporte para que Cadena compitiera.

El esfuerzo no fue menor; sin embargo “fabricar los pasaportes exigidos con semejante complejidad demuestra la plena y fehaciente idoneidad, capacidad técnica y experiencia en el mercado”, escribieron en un documento que hicieron llegar a la Cancillería durante el proceso.

Adicionalmente, en las propuestas, la de Cadena resultaba más favorable en términos económicos para el Estado. Según se lee en la propuesta presentada por Cadena en el año 2019: “Los precios unitarios de nuestra propuesta, multiplicados por las cantidades de pasaportes y libretas de visa estimadas por el Ministerio, es inferior en 30.000 millones de pesos”.

Al final no pasaron y Thomas Greg se quedó con el contrato. Un perito grafólogo, contratista de Migración Colombia, los rajó en la evaluación al cuestionar la calidad de la página de datos en policarbonato. Llama la atención es que, según alegó Cadena, la página por la que los colgaron fue fabricada por el mismo proveedor que le generó a Thomas Greg, durante el periodo 2015-2018, casi 4 millones de páginas de pasaportes.

Demanda en veremos

La adjudicación a favor de Thomas Greg fue cuestionada en una demanda que Cadena radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el año 2019. La firma solicitó la nulidad del proceso y el restablecimiento del derecho. En su alegato detalló los favorecimientos al proveedor actual y reprochó la idoneidad del perito que evaluó las 11 muestras.

El recurso fue admitido el 16 de diciembre de 2020 por el despacho de la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos y casi cuatro años después sigue engavetado. El proceso tiene 15 registros relacionados con las notificaciones de abogados que entran y salen del expediente, sin mayor novedad. Las partes fueron llamadas a responder. Como es lo habitual, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado asumió solicitando desestimar las pretensiones por “falta de legitimación en la causa por activa” y en el mismo sentido respondió Thomas Greg.

Y por lo que parece ser una coincidencia, el mismo Tribunal que en cuatro años no ha movido esta denuncia respondió en cuestión de meses la demanda que Thomas Greg radicó contra el Estado. El COLOMBIANO buscó a Thomas Greg para conocer su versión sobre la demandada licitación del 2019, pero no hubo respuesta.

Llegó 2023 y una nueva licitación abría la oportunidad a otros contratistas. Pero, a pesar de las observaciones formuladas en el proceso del 2019, el 15 de mayo de 2023 salió la nueva convocatoria en idénticas condiciones a la pasada.

Las alertas esta vez no fueron de Cadena S.A, que se abstuvo de participar, sino de varias compañías extranjeras entre esas la imprenta alemana Veridos y la francesa IN Groupe. Advirtieron, entre otras cosas, que el proceso estaba tan direccionado que les exigían tener una planta de producción en Bogotá, lo que solo cumplía Thomas.

Por si fuera poco, la Organización de Aviación Civil Internacional OACI allegó, por solicitud de la propia Cancillería, un extenso informe recomendando ajustar los requisitos de la licitación.

Según el documento, emitido el 18 de septiembre de 2022, la OACI solicitó excluir del pliego la presentación de muestras: “Únicamente el contratista actual se encuentra en capacidad de proveer especímenes finales del pasaporte, por lo que en aras de garantizar la pluralidad del proceso expresamente recomienda su no exigencia como requisito habilitante en el proceso licitatorio, so pena de favorecer de manera exclusiva a Thomas Greg & Sons”, se lee en el informe.

Estas conclusiones fueron entregadas directamente a José Antonio Salazar, entonces secretario general de la Cancillería, el mismo que revocó la decisión de declarar desierta la licitación del 2023 a favor de Thomas Greg, sin autorización del Gobierno, lo que le costó ser declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro.

Lo curioso es que un día antes de entregarle el contrato a Thomas, el canciller, Luis Gilberto Murillo, también exministro de Juan Manuel Santos, le otorgó a Salazar poderes de contratación mediante la Resolución Ministerial 1344 del 22 de febrero de 2024. Gracias a eso el exsecretario, en contravía de los deseos de Petro, ratificó la permanencia, al menos temporal, de Thomas Greg en el apetecido negocio.

Por ahora el Gobierno, sobre todo el presidente, está a la espera de que su canciller Murillo, llegue a un acuerdo en la demanda administrativa que radicó Thomas Greg contra la Nación por ducha.

arar desierta la licitación del 2023, la que además, por no dar su brazo a torcer, le costó la salida del cargo al entonces canciller, Álvaro Leyva y una suspensión por tres meses.

Thomas Greg le reclama al Estado 117 mil millones de pesos como indemnización por los cuatro años que quedaría por fuera del negocio, aunque de prórroga en prórroga ya lleva ganado un año.

Más allá de los cuestionamientos por la aparente falta de equidad de la licitación también hay que decir que Thomas Greg & Son’s ha cumplido con lujo de detalles su tarea de imprimir los pasaportes de los colombianos.

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