La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a declarar a siete altos mandos militares en retiro, que podrían tener información sobre varios casos de "falsos positivos" que se presentaron en el norte del Cauca y el Valle del Cauca.
Se trata de los generales en retiro del Ejército Justo Eliseo Peña, Óscar González Peña y Leonardo Alfonso Barrera Gordillo, así como del coronel Emiro José Barrios Jiménez y los oficiales Edwin Javier Madroñero, Wilfredy Areiza Jaramillo y Julio César Álvarez Pedreros.
El llamado lo hace esa justicia especial con base en información obtenida en otras diligencias del Caso 05.
"Investigación que aborda violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la región, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos, desapariciones forzadas y afectaciones al medio ambiente, ocurridas entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. También investiga una posible alianza entre miembros de la fuerza pública y el Bloque Calima de las AUC", precisó la JEP.
Hasta la fecha, 52 miembros de la fuerza pública han sido llamados a versión en ese macrocaso.
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La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de "falsos positivos" ocurridos en el departamento del Valle del Cauca. Según investigaciones del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, se registraron 307 muertes en este departamento que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Los informes presentados a la JEP por las víctimas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la Corporación Plural destacan que, en el Valle del Cauca, los asesinatos de civiles por parte de la fuerza pública se realizaron mediante diversas modalidades.
Estas incluían el perfilamiento proporcionado por informantes, engaños a través de reclutadores o instigadores, y la transacción de cuerpos asesinados con organizaciones paramilitares o narcotraficantes.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha mencionado ante la JEP numerosos hechos presuntamente cometidos por la fuerza pública en la zona priorizada en el Caso 05 como militarización de sitios sagrados, restricciones en la movilidad, desplazamientos, homicidios selectivos por parte del Ejército, ataques contra viviendas indígenas, asesinatos para desalojo de indígenas de haciendas ubicadas en el norte del Cauca, asesinatos de comuneros y asesinatos de indígenas durante las mingas.
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