Hace ocho años, en el Teatro Colón de Bogotá, el Estado colombiano y las hoy extintas Farc-Ep suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El Acuerdo, considerado en el mundo un ejemplo de reconciliación, planteó una hoja de ruta para poner fin a un conflicto de más de 50 años y al mismo tiempo para superar sus causas. Sin embargo, más allá de avances notables en su implementación, la promesa de transformación tanto de los territorios como de las garantías de seguridad para los firmantes de paz, no se termina de cumplir.

Conmemorar los ocho años de la firma es una oportunidad para tomar decisiones que aceleren la implementación, resuelvan en lo posible los retrasos y contribuyan a superar los cuellos de botella para que así adquiera la inercia suficiente para que alcance su máximo potencial como herramienta de desarrollo.

Así, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, puso en marcha el Plan de Choque para la Aceleración de la Implementación del Acuerdo Final de Paz que recibió el apoyo unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace algo más de un mes.

El Plan es el instrumento mediante el cual organizamos los recursos disponibles (del Presupuesto General de la Nación, de los presupuestos departamentales y municipales, así como de la cooperación internacional y el sector privado), para priorizar y focalizar aquellas iniciativas que en las regiones Pdet tienen el mayor potencial de transformar la vida de sus habitantes a través de los Pactos Territoriales.

Llevar esas iniciativas a feliz término será producto de una acción coordinada entre los diversos actores que en el Plan confluyen y tendrá como consecuencia que la implementación sea un instrumento de desarrollo imparable. Tenemos así razones suficientes para renovar el optimismo y la esperanza.

No sería posible lograr los acuerdos para concretar el Plan si no existe como mínimo la disposición al diálogo de las autoridades territoriales.

En ese sentido, parte esencial del Plan –y uno de los engranajes clave para que funcione– es el Acuerdo Nacional, ese "acuerdo de mínimos" que el Gobierno Nacional ha planteado para que en Colombia bajemos el tono a la confrontación verbal y a la radicalización para lograr avances fundamentales para nuestro desarrollo.

Pero no es todo lo que necesitamos: la reforma que tramitamos en el Congreso para profundizar la autonomía territorial, con cambios urgentes en el Sistema General de Participaciones –y que, además, da tratamiento prioritario a las transferencias a los 170 municipios Pdet–, van de la mano con la aceleración de la implementación del Acuerdo Final de Paz y con el mejoramiento de las condiciones de seguridad en los territorios.

Mayores responsabilidades para los territorios redundarán en que las autoridades podrán decidir qué proyectos y programas verdaderamente tienen el potencial de mejorar el desarrollo. Mejorar las condiciones de vida de las personas es la mejor forma de alejar a los jóvenes de la violencia de los grupos de crimen organizado.

No es el momento de señalar las dificultades que ha tenido la implementación en el pasado. Es momento de mirar hacia adelante, de tener por acuerdo mínimo que el país les debe a los siete millones de colombianas y colombianos que habitan en los municipios Pdet un compromiso real de desarrollo y paz.

No es fortuito –ni gratuito– que el eslogan que acordamos para la conmemoración de los ocho años de la firma sea "Nuestro compromiso sigue firme", pues reafirma la voluntad de seguir trabajando sin descanso para que la promesa de transformación se convierta en una realidad tangible y que Colombia siga siendo un ejemplo de reconciliación gracias a la implementación de uno de los acuerdos de paz más completos –y más audaces– firmados en el mundo.

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