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Ceguera vs. paramilitarismo
Se dice que los grupos denominados como bacrim o Bandas Emergentes son delincuentes comunes.
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Sábado, 4 de Marzo de 2017

La bella María Paulina Baena me inspiró esta semana. Con cada uno de sus vídeos, La Pulla sorprende y nos ayuda a aprender sobre las cosas que pasan en el país y cínicamente nos niegan desde la cúpula política y mediática de la Nación. Mi ejemplo favorito: Cuando el presidente Santos dijo “ese tal paro nacional agrario no existe”, en la Caminata por la Solidaridad de agosto de 2013. Más allá de ese, mentiras y ejemplos los hay todos: ‘Estamos luchando contra la corrupción’, ‘no recibí sobornos de Odebrecht’, ‘Julio Vélez es inocente y no se encuentra huyendo de la justicia’, ‘en Cúcuta no hay desempleo’,  ‘la salud en Colombia no está en crisis’, etc. Así mismo, durante los últimos diez años hemos escuchado que el paramilitarismo se acabó y que los culpables de las muertes y las desapariciones han sido individuos criminales sin filiación política y sin jefes que les paguen, es decir, han actuado solitos. 

Se dice que los grupos denominados como bacrim o Bandas Emergentes son delincuentes comunes, a pesar de que operan mediante los mismos métodos de acción que los paramilitares: Involucramiento de la población (intimidación, panfletos, listas de personas no deseadas), conformación de una estructura permanente y la contratación de mercenarios que no hacen parte del grupo de forma permanente; y de que se autodenominan como paramilitares en cada uno de sus actos ilícitos. 

A pesar del compulsivo discurso mediático sobre la muerte del paramilitarismo, la verdad es distinta. En cada reunión familiar, evento o encuentro de amigos se habla sobre la terrible situación que se vive en el país, y entre las variables de esa situación la gente dice “paracos” entre susurros. Todos lo hablan y nadie lo denuncia, a pesar de las advertencias que hacen los colectivos defensores de derechos humanos y los estudios de académicos como Manfredo Koessl. Los asesinatos de 26 líderes sociales en lo que va del año y de 61 desde la firma del Acuerdo de Paz, son otro indicador de que todavía se ejerce violencia de extrema derecha. 

No es un mito, e irónicamente es una criatura monstruosa de múltiples tentáculos que acaba con todo a su paso como en una novela épica, como sucede en municipios de Colombia como San Faustino (Norte de Santander), donde todos los días se cometen asesinatos y se amplían los mercados de violencia gracias a la comitiva de seguridad por fuera de la nómina más grande del país. 

En Chocó se denunció la violación de una menor por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en Convención (N/S) hombres uniformados y armados, atemorizan a los ciudadanos y amenazan con matar si no se coopera, y, al igual que en varios municipios del país (en su mayoría rurales), la amenaza paramilitar está activa y el temor crece, sin necesidad de que una comisión del gobierno lo verifique. 

Mientras los personajes y entidades con poder para visibilizar el problema de la agenda paramilitar –como Carlos Villegas (MinDefensa) o el Centro de Memoria Histórica– nieguen la presencia de grupos paramilitares en las regiones del país, y llamen ‘violencia privada’ a lo que debería llamarse ‘violencia de ultra derecha’, los paramilitares ocuparán el espacio vacío que existe actualmente y crecerán conforme la ceguera política lo permita. 

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