Inédito el arranque de Duque. Al evaluar sus primeros 100 días de gobierno y ahora su primer periodo legislativo, el balance es francamente desalentador, más allá de los registros de las encuestas de opinión, cuyas cifras tan bajas no tienen antecedentes para la época. 

En los distintos círculos políticos y de opinión prevalece el desconcierto. 

Durante el gobierno de Uribe los colombianos tenían claro que su propósito fundamental era la seguridad democrática y específicamente la derrota militar de las Farc. 

En el de Santos el objetivo central fue llegar a un acuerdo definitivo con este grupo guerrillero, que garantizara su desaparición como organización armada. 

En este gobierno nadie logra descifrar el rumbo, no se sabe aún cuál es el gran propósito nacional. 

Esa ausencia de claridad hace daño en la percepción ciudadana, pues se habla a diario de un Pacto por Colombia sobre el que todavía no sabemos nada. 

En ese panorama el Presidente Duque tomó la decisión de gobernar únicamente con su partido, el Centro Democrático, en medio de un escenario parlamentario más fraccionado que nunca. 

Decidió no invitar al gobierno a los partidos que lo acompañaron en la segunda vuelta presidencial y en medio de un clima de hastío de la ciudadanía con los partidos, el Congreso y los escándalos de corrupción, escogió el camino de descalificar cualquier acuerdo político. 

Metió en un mismo costal la desprestigiada mermelada, que era la participación de los congresistas en decisiones sobre la inversión estatal en los territorios, con la representación política en el gobierno que existe en todos los regímenes democráticos del mundo. 

Esta decisión, la ausencia de una agenda legislativa clara y la falta de liderazgo en el primer periodo legislativo, que es en el que todos los congresistas acompañan a un gobierno en plena luna de miel, abrió el camino a los resultados que conocemos hoy al final de estas sesiones. Sin duda es el peor balance que puede presentar gobierno alguno en los últimos 30 años en materia legislativa. La reforma a la justicia se hundió sin cumplir siquiera el tercer debate; la reforma política descuartizada y seguramente recibirá hoy su entierro formal; los proyectos anticorrupción naufragaron entre la apatía de los congresistas y la indiferencia del gobierno y la reforma tributaria, que tendrá que ser discutida esta semana en extras, no tiene tranquilo a nadie por las consecuencias de puede traer a las finanzas públicas y la persistencia del gobierno en una política de exenciones y privilegios, pagados por la clase media y los asalariados. 

A estas alturas en los gobiernos anteriores ya se habían aprobado las bases centrales de sus políticas esenciales. Para no ir tan lejos, en el de Uribe ya se avanzaba en las discusiones de la ley de justicia y paz, en las leyes de seguridad, la aprobación del referendo ciudadano, la reforma a la ley laboral o la de facultades de reestructuración del estado, por sólo citar algunas. El desempeño en el inicio de cada periodo de Santos fue aún más contundente con la aprobación de reformas constitucionales como la de regalías, la ley de víctimas y tierras, el estatuto anticorrupción, la reforma de equilibrio de poderes, entre otras. 

Ahora se percibe un ambiente de confusión, desorden e incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el Congreso y eso no es bueno para la economía ni la institucionalidad del país. No hay línea, la agenda es reducida y la poca que existe se frustra en los pasillos del Capitolio o se desnaturaliza como sucedió con la reforma tributaria. Así termina el año con la expectativa de que sucederá a partir de enero y que decisiones adoptará el Presidente Duque para “enderezar” el camino, como se lo pidió el jefe máximo del Centro Democrático. 

Seguramente en el receso navideño se reflexionará sobre decisiones políticas de fondo en medio de la polarización y el pesimismo. La opción de seguir como hasta ahora no parece viable. Vendrán rectificaciones que podrían ir en uno de dos caminos distintos: El primero es llamar a otros partidos a un gobierno de coalición con el costo que ello supone ante una ciudadanía radicalizada contra estos. Son varios los jefes políticos que no disimulan su desesperación por entrar al gobierno y eso aseguraría unas mayorías tranquilas en el Congreso, con un inevitable desgaste en la opinión. La otra vía, más compleja desde el punto de vista institucional y político, pero que permitiría al presidente recuperar iniciativa política y popularidad, es la de convocar una Constituyente limitada que asuma el estudio de las reformas que el Congreso no ha sido capaz de aprobar o que las Cortes han bloqueado. Cualquiera de las dos opciones es arriesgada y con precio alto por pagar. No hacer nada sin duda sería más costoso para un Presidente debilitado como nunca lo habíamos visto a sólo cinco meses de iniciarse su mandato.