En Colombia los indicadores de cuanto entra en el funcionamiento de la nación son negativos. Casi todos están en déficit. Esa ha sido una constante, a pesar de los avances de que da cuenta la propaganda oficial. Desde luego, también se cuenta con resultados excepcionales en algunas etapas de gobierno, pero los problemas de mayor impacto son recurrentes y la mayor parte de la población sufre sus efectos. El modelo clasista impide soluciones de fondo.
Quienes han tenido el mando se han anclado en la rutina de insistir en más de lo mismo para la protección de intereses excluyentes.
La situación de violencia que sufre el país es el resultado de la persistencia de un feudalismo que impone condiciones de hostigamiento y atraso. La propiedad de la tierra está sometida a los abusos de poder mediante el empleo de la fuerza y la impunidad. El despojo promueve desplazamiento y miseria, legaliza la propiedad basada en lo ilícito y congela el desarrollo productivo que debiera fomentarse en el sector agropecuario como una de las fuentes de fortalecimiento de la economía en beneficio de todos. Ese entramado requiere un cambio de profundidad como corrección a un desequilibrio perturbador.
Colombia no puede seguir enfundada en la cotidianidad de las acciones criminales. El desarme y la paz se imponen como la mayor necesidad. En esto hay que trabajar con dedicación hasta cuando se logren los objetivos, proyectados a la no repetición, la reparación de las víctimas y al desmonte de los factores que operan como surtidores de la violencia.
La educación también está en déficit, no solamente por su recortada cobertura en todos los niveles, sino también por las condiciones predominantes en el funcionamiento de establecimientos de enseñanza. El ingreso a la universidad se hace imposible para muchos colombianos y buena parte de los que alcanzan ese beneficio no encuentran oportunidad en el mercado laboral. En el sector rural se agudizan las condiciones precarias tanto para estudiantes como para docentes.
Hay mucho por reparar en el tejido de la enseñanza, como aporte, además, al mejor desarrollo de la nación. En este campo se impone un fortalecimiento cualitativo y cuantitativo para superar los escollos de los manejos erráticos.
La salud es otra prioridad. Debe dejar de ser el negocio de algunos y tener vigencia como derecho fundamental sin discriminación. No puede tener limitaciones en el sector rural, ni la atención a los usuarios debe depender de una tutela. Hay que desatar los nudos que amarran los tratamientos a los pacientes a prácticas diferentes a los requerimientos.
Los cambios tienen que ser efectivos y no paliativos como pretenden algunos con intención asistencialista.
Es en la salud donde se impone el mayor rigor a fin de no dejar a medias lo que debe ser un sistema sin vacíos ni debilidades al capricho de intereses mezquinos.
Pero son muchos más los indicadores negativos. El servicio de agua potable no llega a muchas comunidades, aún en áreas urbanas. Un mal desgarrador. Tampoco hay conexión para las comunicaciones. La red vial está incompleta.
En fin, son muchos los problemas acumulados, que vienen de tiempo atrás. Y hay que solucionarlos.
Puntada
El presidente Miley, de Argentina, es un volador desorbitado. ¿Qué se puede esperar de él?
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