El embarazo infantil forzado es una de las expresiones más graves de violencia sexual contra niñas en Colombia. El boletín ‘Embarazo Infantil Forzado (EIF) en niñas de Colombia, cifras 2025’, elaborado por Fundación Plan Internacional, muestra que durante ese año fueron reportados 3.179 casos de embarazos en niñas menores de 14 años, una cifra que, aunque representa una disminución frente a 2024, mantiene la magnitud de una problemática que afecta a cientos de niñas cada mes.

Pero, ¿qué es el embarazo infantil forzado? Según la fundación, es el  que ocurre en niñas menores de 14 años como resultado del delito grave de abuso sexual.

Lo preocupante es que en Norte de Santander se reportaron 125 casos de embarazo infantil forzado el año pasado, ubicándolo entre los departamentos con mayor número de registros del país. Este dato representa un incremento del 30% frente al año anterior, uno de los aumentos más pronunciados de la tabla departamental, en contraste con la tendencia nacional, donde las cifras disminuyeron 7,5%.

Norte de Santander aparece por debajo de Antioquia (369 casos), Bogotá (221), La Guajira (205), Bolívar (172), Valle del Cauca (172), Magdalena (169), Córdoba (166), Cesar (162) y Atlántico (130), pero por encima de departamentos como Huila (119), Nariño (105), Cauca (102) y Meta (101).

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Este aumento evidencia los grandes retos que enfrenta el departamento para prevenir la violencia sexual contra las niñas y garantizar una respuesta institucional oportuna.

Christian Medina López, vicepresidente programático de la Fundación Plan Internacional, explica que la falta de detección temprana, la invisibilización de la violencia sexual y las debilidades en las redes de protección dificultan la prevención de estos casos.

Los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en septiembre de 2026 y analizados por el Observatorio Contando lo Invisible, de la Fundación Plan Internacional, evidencian la necesidad de examinar qué está ocurriendo en los territorios y porque la prevención no consiguen reducir esta situación.

Medina enfatiza que uno de los principales obstáculos es que “cuando hablamos de embarazo en niñas menores de 14 años estamos hablando de embarazo infantil forzado y, por tanto, de una situación asociada a violencia sexual”.

El directivo advierte que la falta de un abordaje diferenciado puede dificultar la atención de este problema. Según explica, las políticas suelen referirse a embarazos adolescentes o maternidades y paternidades tempranas, sin reconocer suficientemente las particularidades del embarazo infantil forzado.

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Esta distinción es fundamental porque impide tratar estos casos únicamente como un asunto de salud pública o de maternidad temprana.

Medina precisa que en este tipo de casos es obligatorio examinar las relaciones de poder, las circunstancias de las agresiones y la responsabilidad de las instituciones en la protección de las niñas.

Disminución que no es suficiente

En el informe, las cifras nacionales muestran avances, pero también revelan la persistencia de un problema aún más grande. Entre 2020 y 2025, Colombia registró 25.081 embarazos infantiles forzados: 23.426 nacimientos vivos y 1.655 muertes fetales.

Solo el año pasado se contabilizaron 3.179 casos, que en promedio es 265 al mes o cerca de nueve diarios.

Aunque en 2024 la reducción fue del 17% frente a 2023, el año pasado la disminución llegó apenas al 7,5%. El comportamiento indica que, pese a los avances, la prevención sigue enfrentando obstáculos que van más allá de las campañas informativas o de la existencia de rutas de atención.

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Medina indica que entre los factores que contribuyen a la persistencia del fenómeno están las normas sociales que pueden normalizar relaciones entre niñas y hombres adultos, los silencios familiares y comunitarios, la dependencia económica y afectiva, las barreras para acceder a educación integral en sexualidad y las dificultades institucionales para detectar tempranamente las agresiones.

En el análisis hecho por la fundación se puede evidenciar las diferencias de edad y poder que se presentan en estos casos. En el documento, se muestra que el año pasado la edad promedio de los presuntos agresores fue de 20 años y precisa que el 60% tenía 18 años.

“Esto evidencia que una parte importante de los casos ocurre en relaciones atravesadas por diferencias de edad, autonomía y poder que deben ser reconocidas como un factor central para la prevención”, enfatiza Medina.

La fundación puntualiza que ahora el mayor desafío es no solamente atender las consecuencias que trae para esas niñas el embarazo, sino también reconocer las condiciones que permiten que la violencia ocurra y permanezca oculta.

No se detecta a tiempo

Uno de los aspectos más preocupantes es que muchas agresiones ocurren en espacios cercanos a las víctimas. Entre enero y junio de 2026 se registraron 7.307 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Colombia; 5.413 ocurrieron en sus propios hogares.

“Es decir, tres de cada cuatro casos sucedieron en un espacio que debería ser protector. Esto representa un desafío enorme para la detección temprana, porque la mayoría de veces la persona que ejerce la violencia pertenece al entorno cotidiano de la víctima”, enfatiza Medina López.

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Esta situación muestra la importancia de que las familias de las niñas, las comunidades donde viven, las instituciones educativas a donde acuden y los servicios de salud cuenten con herramientas para identificar señales de alerta.

“Es importante reconocer señales de alerta como cambios comportamentales y de ánimo (tristeza, llanto, ansiedad, agresividad, hipersexualización), mensajes o conversaciones con personas adultas, regalos de origen desconocido, cambios abruptos en rutinas, amistades, actividades, entre otros”, puntualizó.

La distancia entre los casos registrados y los que llegan a la justicia constituye otro indicador de las dificultades existentes. De los 3.179 embarazos infantiles forzados identificados en 2025, solamente 467 fueron reportados ante la Fiscalía, equivalentes al 15% del total.

“Como sociedad no podemos culpar a las niñas de las violencias que enfrentan. La protección de la niñez es responsabilidad de las personas adultas, quienes debemos reflexionar sobre nuestro rol en esta problemática”, comenta Ángela Anzola De Toro, presidenta ejecutiva de Fundación Plan.

Protección antes del embarazo

Colombia cuenta con rutas y marcos institucionales para atender la violencia sexual, pero la existencia de protocolos no garantiza que las niñas reciban una atención integral ni que se evite la repetición de las agresiones.

“Una niña puede ser identificada por el sistema de salud, estar matriculada en una institución educativa o entrar en contacto con una autoridad de protección y, aun así, continuar expuesta a situaciones de violencia”, señaló Medina López.

El problema, de acuerdo con su análisis, está en las dificultades para articular los sectores de salud, educación, protección y justicia, así como en las limitaciones financieras, tecnológicas y de talento humano que afectan su capacidad de respuesta.

A ello se suman las percepciones sociales que pueden justificar o minimizar las relaciones desiguales de poder entre hombres adultos y niñas. Por esta razón, la prevención requiere educación integral en sexualidad, formación para familias y comunidades, herramientas para docentes y personal sanitario, y sistemas de alerta que permitan actuar antes de que la violencia se haga evidente mediante un embarazo.

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El experto puntualizó que es necesario y urgente cuando se presentan estos casos garantizar que las niñas permanezcan o regresen a la escuela, reciban acompañamiento psicosocial y estén protegidas frente a la discriminación debe formar parte de la respuesta institucional.

“El indicador de éxito no debería ser únicamente que disminuyan los embarazos en niñas. El verdadero objetivo es que disminuya la violencia sexual, que las instituciones, familias y comunidades puedan prevenirla y detectarla tempranamente y que cada niña tenga condiciones reales para crecer protegida, permanecer en la escuela y decidir sobre su propio proyecto de vida”, precisó Medina.

En Norte de Santander

El incremento del 30% en el departamento requiere una lectura territorial que permita identificar dónde se concentran los casos y qué condiciones pueden estar incidiendo en su comportamiento. Pero, López advierte que las cifras, por sí solas, no permiten establecer una causa única.

Un aumento en los registros puede responder a un crecimiento real de los casos, a una mayor capacidad institucional para identificarlos y registrarlos, o a una combinación de ambos factores.

Precisa la necesidad de analizar la información municipio por municipio y cruzarla con otros indicadores para reconocer las características de los entornos, las condiciones de las niñas y las posibles debilidades de las redes de protección.

“Más que asumir una explicación única, necesitamos identificar en qué municipios se concentran los casos, qué características comparten, qué está ocurriendo alrededor de las niñas y dónde se están debilitando las redes de protección. Esa información es la que permite transformar una cifra preocupante en decisiones concretas de prevención y protección”, explica Medina.

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