La Defensoría del Pueblo pidió reabrir el registro de damnificados y ampliar la atención institucional a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que dejó 335 muertos, cientos de heridos y daños en 500 municipios de 16 departamentos.

A dos meses del sismo, la entidad pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) superar las barreras que impiden el acceso de las víctimas a la asistencia estatal.

La Defensoría señaló que la recuperación debe incluir soluciones de vivienda, atención en salud, acceso a la educación y medios de vida. También reclamó mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos.

La entidad pidió incorporar la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo municipal.

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Para la Defensoría, las autoridades deben identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. La respuesta estatal, señaló, no puede limitarse a atender las emergencias después de que ocurren.

La entidad también pidió proteger los derechos de circulación de las personas afectadas por desplazamientos, permanencia involuntaria o procesos de reubicación derivados de desastres y del cambio climático.

Colombia necesita un marco normativo y protocolos que garanticen condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación, indicó la Defensoría. Esas medidas deben incluir enfoques diferenciales y asegurar el acceso a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas.

La entidad advirtió que millones de personas viven en zonas expuestas a amenazas y que los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.

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Frente a esta realidad, la estatal convocó a ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y autoridades al primer Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que se realizará los días 15 y 16 de octubre.

El encuentro analizará los desafíos del país y promoverá políticas de prevención, atención y recuperación con enfoque de derechos humanos.

La Defensoría afirmó que continuará acompañando a las comunidades afectadas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales.

“La gestión del riesgo no puede seguir siendo entendida únicamente como una respuesta a las emergencias: debe ser una política de protección de la vida, los derechos humanos y la naturaleza”, señaló la entidad.

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