Es reiterativo en Colombia la referencia que se hace de hechos decididos por la justicia con beneficio para los implicados. O de la complicidad en que se incurre con respecto a casos que lesionan los recursos públicos para favorecer a privilegiados de alto rango social o con poder económico.

Las denuncias por corrupción son frecuentes y desde la esfera oficial se dice que se “se llegará hasta las últimas consecuencias”. Finalmente, no pasa nada o pasa muy poco. Los procedimientos calculados para minimizar las culpas funcionan con exactitud y los protagonistas de actos punibles quedan a salvo.

El Congreso, que debiera ser una institución en función de garantizar el control político a los servidores públicos o de quienes tienen relación con las instancias oficiales, ha caído en una parcialidad de apoyo a cambio de burocracia clientelista y otros beneficios de utilidad que se pactan como política de gobernabilidad. Entonces se forma una mayoría que le hace el juego a los actos ilícitos. Por eso no prosperan las mociones de censura y los funcionarios acusados de graves faltas salen laureados.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara es una muestra vergonzosa de la falta de rigor del Congreso en su función de contribuir al cumplimiento de la norma constitucional, según la cual “Colombia es un Estado Social de Derecho”.

Son varios los episodios de complicidad oficial con los responsables de acciones que han afectado el patrimonio de los colombianos. Todo eso alimenta la impunidad, con degradación de la justicia. Y no sobreviene ninguna operación de reparación o de reposición de lo que abusivamente se llevan los operadores de la picardía.

Sin embargo, la propaganda oficial es abundante en el maquillaje de la falsedad, sin ninguna consideración por lo que constituye patrimonio común.

El más reciente escándalo de corrupción en Colombia es el que tiene contra las cuerdas a la ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Karen Abudinem. Hay evidencias de las ligerezas cometidas en la contratación con la Unión Temporal Centros Poblados y el pago de un anticipo de $ 70.000 millones que le entregaron a pesar de las inconsistencias que eran conocidas. Con todo, el presidente Iván Duque se da la pela por la ministra y en el Congreso la coalición oficialista está lista para impartirle absolución sin tomar en cuenta la descomposición que hay en todo ese entramado.

Está bien el debido proceso, la presunción de inocencia y todas las garantías a que tiene derecho un acusado, pero cuando las evidencias revelan tanto, la complicidad se convierte en otra trampa articulada al delito.

Todas esas marrullas debilitan la democracia y ponen al Estado colombiano es una fragilidad de gravedad inocultable. Por eso se necesita salir de esta turbulencia de las complicidades, que alimentan la impunidad y la corrupción.

Puntada

Seguirán los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de Colombia y conviene tomarlos en cuenta. Se trata del reconocimiento de un patrimonio histórico.

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