De acuerdo con encuestas serias a nivel nacional, la inseguridad que afronta la ciudadanía por el incremento de robos, atracos, fleteos y demás que atentan contra la integridad personal y el patrimonio económico, puntean muy por encima del desempleo, la corrupción, la falta de vivienda, de servicios públicos, de salud, educación, etc., etc. No es asunto “de percepción”, lo que preocupa a la ciudadanía es la realidad que se vive: un alto porcentaje de delincuentes quedan libres por cuenta de un Código de Procedimiento Penal complaciente con los delitos que contemplan pocos años de pena como el raponazo, el cosquilleo, el robo de autopartes; incluso el hurto calificado - donde generalmente se emplea violencia contra las víctimas, también queda en la impunidad.
Y los delincuentes lo saben, incluyendo ahora los picaros venezolanos, porque son enviados dizque a detención domiciliaria, donde es una verdad de perogrullo, ¡una farsa! Por eso las mismas autoridades de policía desestimuladas se cansan de aprehender y aprehender malhechores, y lo dicen públicamente, que de nuevo, muy pronto los ven en las calles en la misma actividad.
O sea: reincidentes con 15 y 20 entradas. También es una farsa la vigilancia que ejerce o puede ejercer el INPEC, por falta de personal no hace las visitas periódicas de rigor, facilitándole el accionar al delincuente ante la ausencia de controles siguen ejerciendo su profesión: robar, atracar con el complemento: matar. En otros países, especialmente en EE. UU., funciona la detención domiciliaria de manera seria, una verdadera restricción, pero en Colombia se convirtió en una burla, o mejor, un saludo a la bandera.
En esta columna no voy adelantar juicios a priori culpando a los jueces y fiscales por la situación de la que se están ocupando los principales diarios a nivel nacional, la impunidad descarada que existe para estos delitos y que es la principal preocupación de los colombianos. No. Es la Política Criminal, que con el mal llamado descongestionamiento de las cárceles los devuelve a las calles para que sigan sus fechorías y los nuevos empiezan a delinquir y va escalando la violencia sabiendo que no tendrán ninguna clase de problemas con la justicia porque la norma los autoriza, les da licencia para robar, atracar y matar.
No he oído planteamientos serios de los candidatos a la presidencia ni al Congreso sobre la urgencia de reformar el Código de Procedimiento Penal, endureciendo las penas y eliminando para estos delitos que son un peligro para la sociedad la mentirosa detención domiciliaria. El derecho a la seguridad del que debe gozar la ciudadanía, se debe garantizar a través del Congreso para dar respuesta al clamor de los colombianos de bien, que aún somos más.
