Un aplauso para la Secretaría de Gobierno del municipio de Cúcuta, por la campaña que recientemente inició en los establecimientos comerciales y las estaciones de servicio para verificar la no adulteración de las pesas y medidas que muy seguramente y en forma generalizada los propietarios infringen en perjuicio de los consumidores.

La función que se encuentra asignada a la superintendencia de Industria y Comercio, no se cumple. Esta entidad que hace unos años tenía una oficina receptora de quejas y reclamos en el primer piso de la Cámara de Comercio, cerró sus puertas y dejó sin la Metrología Legal y sin el apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor con el fin de intensificar las visitas de control e inspección, por ejemplo, a las balanzas de las plazas de mercado, supermercados, a los surtidores de gasolina y a las empresas de productos pre-empacados, entre otras cosas, en todo el territorio nacional.

Otrora, eran las alcaldías quienes cumplían estas funciones a través de sus oficinas de control de precios pesas y medidas y mantenían dentro de sus depósitos gran cantidad de balanzas decomisadas por adulteración de estas y sanciones a los surtidores de gasolina, pero en la década del 90 al vaciarla de su competencia, estas se suprimieron.

Si bien la Superintendencia mantiene el control preferente en materia de control, verificación y sanciones, el artículo 62 de la ley 1480 de 2011, faculta a los alcaldes para ejercer dentro de su jurisdicción las funciones de metrología legal y las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia. 

Para ello “podrán imponer multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del Tesoro Nacional, previo procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. Cuando el alcalde considere procedente imponer una medida distinta, o una multa superior a cien (100) salarios mínimos, remitirá lo actuado a la Superintendencia para que decida. Contra la decisión de los alcaldes procede el recurso de apelación que será resuelto por la Superintendencia”.

En este orden de ideas, la alcaldía a través de su Secretaría de Gobierno debe persistir en su campaña y extenderla al control y la verificación de la correcta calibración de los taxímetros en el transporte público que, a pesar de que a los taxistas se les aumentósustancialmente el costo de las carreras, hay muchos que se pasan de vivos y alteran dichos aparatos para encarecer aún más los recorridos.  
 Igualmente, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, verificar la calidad y el estado en la manipulación de alimentos en los restaurantes y comidas callejeras para proteger la salud de los cucuteños. 

Y las respectivas secretarías, informar periódicamente en detalle, para escarmiento y ejemplo de otros potenciales infractores, la lista de las personas naturales y establecimientos sancionados. De no hacerlo, el Concejo Municipal en su control político debe exigirlo y publicarse en los medios de comunicación. Señor alcalde, demuestre que hay autoridad.

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