Pasada la campaña electoral para elegir nuevo presidente de los colombianos, podemos decir que uno de los temas de primer orden que figuró en la agenda política fue el de la corrupción, no solo porque así lo evidenciaban las consultas de opinión que elaboraron las distintas firmas encuestadoras, en donde aparecía como una de las mayores preocupaciones de los colombianos, sino porque todos los candidatos se refirieron a ella como uno de los objetivos fundamentales de sus eventuales gobiernos.
Se acaba de publicar el informe de Americas Society y Control Risks, que hace una clasificación y análisis de la capacidad que tienen los países para combatir el delito, y encontramos que, en América Latina, Colombia se mantiene en el rango medio, con una calificación de 4,87, mientras que Uruguay ostenta un 7,42, siendo el país que mejores resultados ha obtenido en la región.
La analista de esa entidad anotada, Silvana Amaya, dice que “Colombia continúa reportando bajos resultados y sigue enfrentando desafíos que afectan su capacidad para combatir la corrupción”.
Grandes son los retos, no solo para poder convertir los procesos de contratación en mecanismos purgados de malas prácticas, sino en conseguir que las obras contratadas tengan un cumplido proceso que no solo asegure precios justos, sino también el cumplimiento de términos, la eliminación de sobrecostos dudosos y la garantía de calidad al final de la obra.
Pero también es necesario diseñar instrumentos que permitan perseguir el lavado de activos, la evasión de impuestos, los gastos suntuarios y la burocracia innecesaria, todos ellos que resultan ser factores demasiado nocivos dentro de una sociedad que aspira a tener mejores oportunidades para todos sus asociados.
El nuevo gobierno tendrá que comenzar por diseñar un instrumento de indicadores que permita señalar las entidades y despachos en donde no se cumpla eficazmente con los compromisos, para que se apliquen los correctivos, vía decreto, o vía ley, de tal manera que unas drásticas reformas puedan encontrar soluciones a los problemas detectados.
Y para tal efecto es necesario trabajar con metas concretas y cronogramas en el tiempo, pues si no es posible obtener resultados rápidos, la corrupción seguirá enquistada, tal vez con peores prácticas y lejos de poder contribuir a un escenario mejor dentro del contexto de los países.
Y por supuesto que venga la anhelada reforma a la justicia, pues si no contamos con despachos especializados y herramientas eficientes, no será posible mostrar resultados. El corrupto que no es juzgado rápidamente, termina diluyendo en el tiempo los esquemas probatorios y la impunidad vendrá, pues puede suceder que las pruebas desaparezcan, o que los procesos precluyan y la burla sea la característica general y el efectivo aliciente para que los delincuentes continúen actuando.
