Llevamos décadas viendo cómo nuestros gobernantes saquean el erario, y aumentan los impuestos para tapar los huecos que sus actos de corrupción nos dejan. El detrimento en los derechos básicos como salud y educación es cada vez peor y la seguridad, infraestructura y justicia son prácticamente inexistentes. La ciudadanía vive día a día con el miedo de perder sus pocos ahorros, su empleo o la jubilación por la que trabajó tantos años. Siempre con miedo de la próxima jugada de nuestros gobernantes.
En este momento, la situación es diferente, y por primera vez, son ellos quienes temen de nuestro accionar. La razón del miedo de los gobernantes es la polémica Consulta Anticorrupción. Luego de que la ciudadanía logró recolectar más de cuatro millones de firmas para poner a andar el motor de este mecanismo de participación, y de ir conquistando, poco a poco, y contra todo pronóstico, los pasos que se requieren para hacer realidad los 7 puntos que se incluyen en la consulta popular, a los corruptos les entró el temor.
La Consulta Anticorrupción les ha mostrado el poder del pueblo y les ha enseñado que por primera vez tenemos oportunidad de ganar, como ciudadanos, por el interés general. Por eso han recurrido a desinformar, generar falsas noticias, hablar de inconstitucionalidades, de imposibles y de inviables, todo, con tal de desvirtuar la lucha ciudadana. Ver a la ciudadanía empoderada, es algo que definitivamente no soportan los corruptos.
Hasta tal extremo han llegado, debido al miedo que le tienen al poder ciudadano, que están diciendo que a los docentes y al personal de la salud también le van a disminuir el sueldo, si la consulta triunfa. Esto es falso, y sólo es una respuesta desesperada producto de su propia mezquindad. Los únicos afectados en su salario serán los altos funcionarios del Estado, los que devengan 25, 30 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no el ciudadano de a pie, no el maestro de colegio público, ni el médico de la zona rural, no se dejen engañar.
Con altos funcionarios del Estado me refiero a aquellos que se indican en el artículo 197 de la Constitución Política, a saber: Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de departamento o Alcalde.
Los que están en contra de la consulta anticorrupción y anhelan su fracaso son los mismos que piensan que en Colombia el salario mínimo es muy alto. Los mismos que mediante triquiñuelas judiciales, mentiras y desinformación, pretenden engañar a la ciudadanía para que no salga a votar el próximo 26 de agosto. Ellos son los que impusieron la demanda de nulidad contra la Consulta -en la voz de Jefferson Mauricio Dueñas, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional- en el Consejo de Estado.
Sin embargo, el Consejo de Estado debería declararse impedido, no sólo porque el primer punto de la Consulta Anticorrupción le afecta directamente a sus magistrados, sino porque ninguna norma le permite a esta autoridad de lo contencioso administrativo, revisar o aprobar las preguntas de una consulta popular.
Finalmente, es claro que sólo los corruptos estarían en contra de una iniciativa anticorrupción, la clase política que nunca imaginó que llegaríamos tan lejos como ciudadanos, y que ahora tiene miedo de perder las fuentes de su ilegítima riqueza. Sigamos adelante y tratemos de no olvidar la célebre frase de la película ‘Vendetta’: “Un pueblo no debe temer a su gobierno, es el gobierno quien debe temer al pueblo”.
