La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación ante el aumento de hechos de violencia contra la población transgénero, con énfasis particular en las mujeres trans, quienes resultan ser las principales víctimas debido a su identidad de género.
Lea también: Están vacunando en dólares a los zapateros de Cúcuta
Y es que, entre enero y octubre de 2024, la entidad atendió 258 casos de violencia motivada por prejuicio hacia mujeres y hombres transgénero, así como personas no binarias, lo que representa un aumento del 29,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 199 casos.
Según la Defensoría, este incremento refleja una agudización de las violencias basadas en prejuicio, particularmente contra las mujeres trans, quienes enfrentan agresiones psicológicas, físicas y sexuales con mayor frecuencia.
En el ámbito territorial, los departamentos con mayor incidencia de casos de violencia son Norte de Santander, Santander, Meta, Valle del Cauca y Antioquia, precisando que, según datos de la Fiscalía General de la Nación, 26 personas transgénero han sido asesinadas en lo que va del año, lo que equivale a un promedio de dos homicidios por mes.
Piden acciones urgentes
Norte de Santander, identificado como uno de los departamentos con mayor incidencia de estos casos, enfrenta un panorama complejo, según detalló Cristhian Morales, miembro de la Corporación Movimiento Visibles, organización social que trabaja por la defensa y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones vulnerables, en especial, la población LGBTIQ+.
Lea además: La Fiscalía imputó cargos a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, por irregularidades en un contrato
De acuerdo con Morales, la realidad de las mujeres trans en la región ha estado marcada históricamente por la exclusión y la precariedad.
“Muchas de ellas se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual por supervivencia, enfrentándose a agresiones y extorsiones, incluso por parte de grupos armados ilegales”, señaló.
Además, mencionó que estas mujeres son utilizadas por actores al margen de la ley para actividades ilícitas, lo que aumenta su vulnerabilidad.
Sin embargo, destacó algunos avances alcanzados en las administraciones municipal y departamental, como programas de emprendimiento y vivienda dirigidos a la población LGBTIQ+.
“Por primera vez, hemos logrado incluir metas específicas en el Plan de Desarrollo, lo que abre la posibilidad de atender las necesidades de manera integral. Ahora, el reto es materializar estos compromisos”, afirmó.
Entérese: Primeras pinceladas del Festival Internacional de Muralismo en Ocaña
Asimismo, Morales detalló que, el problema no se limita al área metropolitana de Cúcuta, sino también a zonas rurales y sectores como el Catatumbo, donde las mujeres trans enfrentan escenarios aún más críticos, viéndose obligadas en algunos casos a revertir su transición para protegerse, lo “que representa una grave violación a su identidad de género”.
Asimismo, la comunidad LGBTIQ+ señala que la violencia institucional es otro factor que agrava la situación, pues pese a los derechos adquiridos, persisten barreras significativas en áreas como salud y justicia.
Morales señaló que muchas personas deben recurrir a tutelas para acceder a tratamientos médicos o servicios básicos y en los municipios más apartados, estas dificultades se agravan por los prejuicios de la sociedad, lo que limita las oportunidades de desarrollo para esta población.
“A pesar de los avances legales, las realidades diarias son diferentes. Muchas veces, lo que está plasmado en papel no se traduce en acciones efectivas”, aseguró Morales, enfatizando la necesidad de una actualización de los sistemas institucionales para atender a personas con identidades de género diversas.
Llamado a la acción
La Defensoría del Pueblo exhortó al Estado colombiano a reforzar las medidas de protección para esta población. En su pronunciamiento, hizo énfasis en la necesidad de resolver los problemas jurídicos relacionados con la permanencia del Ministerio de la Igualdad y Equidad, así como en la urgencia de actualizar y expedir la Política Pública Nacional LGBTI, establecida desde 2011.
Puede leer: ¿Cómo sobrevivir a una guerra? Países europeos están repartiendo entre sus ciudadanos manuales de supervivencia
De igual forma, la Defensoría hizo un llamado a las entidades estatales para fortalecer la capacitación de sus funcionarios en herramientas jurídicas y protocolos de atención. Estas medidas, según la institución, son esenciales para garantizar la adecuada implementación de la jurisprudencia, prevenir la violencia institucional y evitar la revictimización de las personas transgénero que acuden a las instituciones en busca de ayuda.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
