Aquellos que durante cuatro años se hacían favores y se prestaban instituciones para gestionar contratos y  emplear amigos, hoy se pelean con instrumentos legales para evitar que su ex compañero de tregua alcance los votos por los que va en las próximas elecciones, sea a la cámara legislativa que sea. 

Es ahora cuando aparecen todos los escándalos de corrupción y se esfuman las cortinas de humo que permanecían intactas hasta hace pocas semanas.  

Se ataca por los votos y eso incluye el empleo de cualquier herramienta o entidad que pueda perjudicar no sólo la imagen sino la viabilidad política de los candidatos. 

En esta oportunidad, son la Fiscalía y algunas Contralorías las entidades que aparecen al servicio de estos propósitos. 

No es ningún hecho aislado ni tampoco una coincidencia, es un fenómeno sistemático, como los asesinatos de líderes sociales e indígenas en Colombia. 

Pasó en Nariño con Camilo Ernesto Romero a quien la Fiscalía le imputó cargos, en Antioquia con Sergio Fajardo, a quien le fueron embargadas unas propiedades dentro de un supuesto caso de corrupción, en Magangué (y la Costa en general) con Marcelo Torres, y pasó en Norte de Santander, con la imputación de peculado por apropiación y contratación sin requisitos legales a William Villamizar y Edgar Díaz el mes pasado.

La imputación de cargos pasó de ser un acto formal mediante el cual la Fiscalía le comunica a una persona que lo investiga como presunto autor o partícipe de un delito a una herramienta de marketing electoral ilegítima. 

Ahora, las imputaciones de cargos parecen más orientadas a favorecer intereses políticos y económicos de ciertos grupos o personas que a esclarecer hechos de corrupción o evitar que determinadas personas continúen robándose los dineros públicos. 

No hay nada más dudoso que una imputación o la apertura de una investigación por parte del ente acusatorio en época electoral. 

Genera sospechas, pero lo peor, es que nunca arroja resultados, porque, apenas se neutraliza la amenaza electoral de un partido o un líder político, el proceso muere en un archivo o se cierra por falta de pruebas o hechos jurídicamente relevantes. 

Dicho esto, considero que más daño le hacen a la imagen de la Fiscalía todos estos procesos recientemente abiertos que la inoperancia de cuatro años, donde no sólo se pone en duda la transparencia del ente sino la maniobrabilidad que tienen algunos partidos –como se sospecha de Cambio Radical en la Costa o del Partido Conservador en Norte de Santander, incluso con aquellos que pertenecieron a la colectividad durante décadas– dentro del organismo.

Que los procesos sean políticos y no jurídicos le quita cualquier validez a los mismos, pareciera un chantaje por votos y no una persecución real en beneficio de los recursos de la ciudadanía. 

Sin embargo, así como hay acción emanada de intereses políticos, también hay omisión, como la que muchos suponen que hubo en el caso del expediente por paramilitarismo que se llevaba contra el candidato presidencial Germán Vargas Lleras y que Leonidas Bustos archivó. 

Casos y ejemplos hay decenas en Colombia, pero eso no es lo importante. Lo relevante es que este repetitivo fenómeno sólo ocurre cuando están en juego posiciones electorales de alta importancia en las regiones como el Senado y la Cámara de Representantes. A la hora de votar por las presidenciales quedan atrás las rencillas y los personajes en juego (tanto acusados como acusadores) se unen para elegir el candidato que mejor les conviene para los próximos cuatro años. Pero ojo, es el que les conviene a ellos personalmente, no el que necesitan los departamentos ni el que va a crear más políticas sociales para la ciudadanía.

Lo más interesante de este fenómeno electoral es que estos escándalos por corrupción, en vez de servir como un depurador de la clase política, se convierten en la ventana de oportunidad para otros (igualmente corruptos) de quedarse con todos los votos. Es así como las alianzas implícitas y silenciosas de un período de gobierno terminan con un portazo y un fuerte estruendo en momentos previos a las elecciones. Se siente la tensión en el aire y el temor de algunos, como Juan Carlos García, de que otros, como Edgar Díaz, le quiten su opción en el Senado.