Garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe colombiana le costará a los comerciantes, industriales y residentes de los estratos 4,5 y 6 del país, la suma de cuatro pesos por kilovatio hora de energía consumida, la cual será cobrada a partir del 31 de octubre del presente año y hasta 2022. Pero el costo va más allá del bolsillo. 

La determinación de cobrar una sobretasa a la energía se dio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (Art. 313), como medida de salvamento para inyectarle recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD (fondo que anteriormente tenía como fuentes de ingreso los recursos de las multas y los excedentes en presupuesto de las comisiones de regulación), en aras a normalizar la prestación del servicio de energía a cerca de 10 millones de habitantes en el país, luego del fracaso de Electricaribe. 

Hay que ver que el Fondo ha actuado un sinnúmero de veces para ‘salvar la patria’. El Fondo Empresarial de SSPD ha servido en varias oportunidades para garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios, como lo hizo el pasado 26 de septiembre, al financiar una serie de trabajos técnicos que permitieron restablecer la prestación del servicio de acueducto en Carmen de Bolívar. Así que, como lo ha explicado en los medios Natasha Avendaño, Superintendente de esta cartera, los $130.000 millones que se proyectan obtener con la sobretasa a la energía no financiarán únicamente el tema de Electricaribe.

La sobretasa que 2,7 millones de usuarios en Colombia pagarán, servirá para arreglar el desastre de la comercializadora de energía en la Costa Caribe, además del de otras ocho empresas prestadoras de servicios públicos que están siendo intervenidas actualmente, bajo la figura de toma de posesión por parte del Estado. La toma de posesión está contemplada en la Ley 142 de 1992, y justificada a nivel constitucional, en tanto que el Presidente tiene la obligación de vigilar y controlar las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, por medio de Superservicios.

Sin embargo, es la legitimidad del proceso de la sobretasa de energía es lo que se debería cuestionar. Los aspectos jurídicos y su necesidad real son absolutamente claros, lo que no es fácil entender es cómo hará el Gobierno Nacional para blindar el régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios ante nuevos eventos como el de Electricaribe, donde se nacionalizan las pérdidas y no se penaliza la mala gestión de las compañías.

Indiscutiblemente, el reto más grande es evitar más fracasos de este tamaño en el futuro, no sólo porque le significan nuevas obligaciones al ciudadano (como en el caso de $4 por kilovatio hora de energía), sino porque también abren la puerta a la permisividad de la mala gestión en las empresas prestadoras de servicios públicos. Además, porque con esto se está generando un caldo de cultivo que podría ahuyentar la inversión extranjera, por la falta de consecuencias para los que manejan los servicios públicos.  

En definitiva, hay que entender que no son los cuatro pesos de sobretasa los que indignan al ciudadano, sino que esos cuatro pesos abren la ventana a un riesgo moral que el país no puede permitirse actualmente, en medio de tantos escándalos de corrupción y hartazgo generalizado con la institucionalidad.