En el marco de la iniciativa del Consejo Departamental de Salud Mental, espacio en que profesionales en psicología de diversas instituciones, inciden en la creación de una política pública a favor de la salud mental en Norte de Santander, el mes de octubre se convierte en uno de los meses para insistir en que: “sin salud mental no habrá Paz”.

Uno de los retos que se ha notado en el marco de construir esta política pública, es el de cómo lograr disminuir las brechas que tiene la población rural y los y las sobrevivientes a diversas formas de violencia para acceder a este tipo de atención, o peor aún, no son conscientes de la importancia de la salud mental.

Parafraseando a Carlos Martín Beristain, quien en su experiencia en Colombia ha planteado reconstruir el tejido social desde el pretexto de la atención psicosocial proponiendo una reflexión desde el enfoque victimológico, buscando alertar sobre la victimización y la revictimización por la que pasan las personas a quienes se les vulnera algún derecho que afecta su dignidad humana.

Se hace necesario resaltar que Norte de Santander, región de las más violentas del país, tiene un desafío enorme en cómo logra garantizar el derecho a la salud mental de las personas que han sido vulneradas de alguna u otra forma, las cuales, teniendo en cuenta la propuesta de Beristain, inician su primer grado de victimización por el hecho violento que les ha ocurrido, pasando a un segundo grado de victimización al formalizar la denuncia o declarar los hechos ocurridos, largas filas, contarle hasta al vigilante lo que le ocurrió y luego ser atendidas por un funcionario con pocas capacidades para escuchar, pasando por un tercer grado de victimización, efecto de los prejuicios, estereotipos o peor aún el estigma social que viene de su entorno, entrando con el tiempo a un cuarto grado de victimización efecto de no lograr justicia o que no se le repare por lo sucedido, llegando al quinto grado de victimización, el más cruel de todos, cuando la víctima pasa a ser un victimario, y su salud mental pasa una cuenta de cobro alta, que puede ocasionar daños a otras personas o en el peor de los casos a sí mismo.

Círculo que se repite generación tras generación en una región históricamente afectada por la violencia, prevenir que inicie dependerá de la incidencia en una política pública que garantice el derecho a la Paz, romper su ciclo dependerá de lograr disminuir la distancia entre la psicología clínica y la psicología social y a su vez que la política pública en salud mental contemple la importancia que tiene la intervención psicojurídica, ya que más que lograr resiliencia en la población que sobrevive a las violencias, esta promueve el empoderamiento, logrando la consciencia del poder que tienen haciendo valer sus derechos, logrando así sanar en comunión.

A su vez, se hace urgente reconocer la resistencia que se da desde las organizaciones sociales, campesinas y las diversas iniciativas, en especial de grupos de mujeres que se convocan para buscar sanar desde el arte. Espacios en donde narran, cantan, tejen, pintan, leen y bordan su dolor, en muchos casos sin ser conscientes que están sumando a la promoción de la cultura de la salud mental.

Sumarse a ellas, como institucionalidad, ayudará a comprender que la psicología se da también fuera de los consultorios para lograr el tan anhelado nunca más, el de la no repetición, que las personas de este departamento no estén condenadas a vivir la misma historia que les afecta su salud mental.

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