No es que el alcalde sea ineficiente y haya que revocarle el mandato. Identifiquemos el mal: es que carece de asesores y le abundan los burócratas.
Mientras buscaba un decreto que me causó curiosidad me encontré con una cascada de ellos. Creer que hacer una buena administración consiste en emitir decretos a porrillo es un grave error.
El decreto del cuento es el número 0539 del 25 de noviembre por el cual se declaraba la alerta roja hospitalaria.
Según el texto que circula en Internet, se ve que el mandato no sale propiamente del despacho del alcalde, a juzgar por el membrete, que lleva estas leyendas: “Sistema de la gestión de calidad y sistema del control interno. Gestión estratégica. Gestión de direccionamiento estratégico. Gestión de administración municipal. Macroproceso. Proceso. Subproceso. Fecha: junio 2012 (?)”. Por lo que se lee, el membrete corresponde a varias dependencias con nombres descrestadores cuyos usufructuarios ni siquiera se cuidan de la presentación de los decretos de su jefe y que no saben más que copiar y pegar. Afortunadamente más abajo figura la fecha, que se presume válida: el 25 de noviembre de 2020.
El estatuto riñe con la técnica jurídica, la economía procesal y la sindéresis de los actos administrativos. Sin contar con que al pie de la firma del burgomaestre aparecen como apoyos de la elaboración del decreto tres funcionarios, a saber, una abogada externa de la secretaría de Gobierno, que proyectó, una secretaria general, que revisó, y un jefe de oficina jurídica, que le revisó a las otras señoras.
Especial condición de tales mandatos es la de que sean “a la vez, claros, precisos, sobrios y jurídicamente impecables”. La elegantia juris era un ideal utópico de la jurisprudencia romana, “consistente en un esfuerzo constante (virtus) hacia la excelencia en la forma y en el fondo; esto es, una coherencia hermosa y armónica entre lo que se responde en Derecho y la forma en que la respuesta se efectúa” (Consejo Consultivo de la Rioja - Manual de normas de estilo).
Los decretos deben ser sucintos, directos, cortos, porque la extensión no los hace más válidos ni más convincentes. Un decreto de 13 páginas para decir que se declara una emergencia sanitaria es un exabrupto.
Sobraba citar la Constitución Política, las disposiciones de la OMS, leyes, decretos presidenciales, del gobernador y de la misma alcaldía, y menos introducir cuadros estadísticos, curvas y gráficos.
Pero un considerando que era necesario, aunque resulte políticamente incorrecto, se omitió: el estado financiero ruinoso de nuestros centros hospitalarios por culpa de la inmigración descontrolada de miles de venezolanos (delincuentes muchos, y saboteadores mandados por Nicolás Maduro) con detrimento del derecho prioritario de los colombianos a la atención de su vida y su salud.
En fin, es un despilfarro gastar tal cantidad de tinta y de neuronas y sesos de servidores públicos en algo tan efímero, pues el decreto 0539 del 25 de noviembre duró menos que un zancudo.
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