A juzgar por el despliegue mediático de los últimos días en torno al “empalme anticorrupción”, cualquiera diría que acabamos de inventar la rueda de la transparencia. Sin embargo, la desconfianza sobre las cuentas del que entrega el poder es tan vieja como el ejercicio de gobernar.

En Colombia, la ley exige a cada funcionario entregar su despacho y concede a su sucesor un plazo para pedir aclaraciones. Este deber individual, de escritorio, no cobija a todo un gobierno en su conjunto. En nuestro ordenamiento no existe una sola línea que obligue a un empalme macro, como el que se espera cada vez que hay cambio de gobierno.

Pero, además, con la Presidencia el fuero constitucional termina garantizando que el mandatario saliente presente generalidades y abstracciones que distan mucho de lo que interesa a los contribuyentes preocupados por la forma en la que se gastaron sus impuestos. La rendición de cuentas tras cuatro años de gobierno se volvió una pasarela editorial. El trámite se despacha publicando un par de libros autobiográficos, entre aplausos de copartidarios y la indignación inofensiva de la oposición. Mucha literatura, bastante carreta y ni una cifra clara sobre el manejo del erario.

En la época colonial, en cambio, las Leyes de Indias exigían someter a todo funcionario —del virrey al último alguacil— a un juicio de residencia que consistía en un examen público e implacable de sus actos al dejar el cargo. Durante el tiempo que durara el juicio, el gobernante no podía abandonar la ciudad, asumir otro empleo ni emprender viaje alguno hasta quedar absuelto. Permanecía en el lugar donde ejerció el mando, poniendo la cara y comprometiendo, como garantía, su patrimonio.

Durante semanas, cualquier ciudadano, sin importar su cuna o su bolsillo, podía acudir ante el juez de residencia para radicar quejas, denunciar desfalcos o probar abusos. Ni el carisma salvaba al mandatario. En la Santa Fe de Bogotá del siglo XVIII, el virrey José Solís Folch de Cardona —querido por las élites y promotor de grandes obras— terminó su periodo contra la pared. Su juicio acumuló miles de folios, y el juez lo halló culpable de 22 cargos por malversar y disipar la Real Hacienda. Acorralado por las multas y la ruina, Solís terminó refugiándose en un convento capuchino como Fray José de Jesús María, acogido a voto de pobreza para eludir los cobros. En la Colonia, la única forma de esquivar la responsabilidad era renunciar al mundo.

En la independencia, la Constitución de Cundinamarca de 1811 mantuvo la residencia. Pero la Constitución de 1821 prefirió copiar el impeachment estadounidense y la reemplazó por el “juicio de responsabilidad política” ante el Congreso; un mecanismo que en Colombia ha servido para todo, menos para sancionar a un mandatario.

El esquema de responsabilidad política abstracta ha sustituido —al menos parcialmente— al Estado de Derecho por un gaseoso Estado de Opinión. El paso de la responsabilidad política abstracta al llamado Estado de Opinión ocurre cuando la evaluación jurídica del gobernante es reemplazada por la percepción emocional de la ciudadanía, de modo que la sanción deja de depender de controles institucionales y pasa a medirse por aplausos, indignaciones momentáneas o tendencias digitales.

El primero exige que se respete la ley, que funcionen los controles técnicos y que el gobernante responda con cifras e inventarios; el segundo convierte la legitimidad en un fenómeno de plaza pública, sostenido por discursos de balcón y algoritmos que amplifican estados de ánimo más que hechos verificables.

Así, el debate público sobre la gestión de los altos funcionarios salientes se reduce a una pasarela de algoritmos, fotos retocadas y libretos emocionales para la tribuna. El Estado de Opinión sepultó la lealtad constitucional que obliga, a quien ocupa la primera magistratura, a explicar el destino de hasta el último peso de los impuestos de los colombianos.

En la Colonia, el funcionario saliente no podía abandonar la ciudad sin responder. Hoy, el presidente anuncia que viajará a Cuba mientras el país sigue esperando explicaciones. Paradójicamente, el paso del tiempo permitió que perdiéramos el rigor del Derecho indiano y nos dejó con la escenografía de la rendición de cuentas. Mucha publicidad, relatos gastados y la ausencia, cada vez más notoria, del talante de estadista que tanta falta le hace a Colombia.

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