Para quienes creemos profundamente en la descentralización, el acto legislativo que aumenta el porcentaje de recursos para las regiones es positivo, la falta de detalles es lo que preocupa. Gustavo Bolívar, con quien esta columna muchas veces no está de acuerdo, hizo una reflexión acertada en entrevista con El Tiempo: “primero tendríamos que haberles entregado competencias a los municipios y después decidir el impacto. Se está haciendo al revés.” Mientras se anuncian recortes del 50% para la entidad de superación de la pobreza, se promueve la repartición de casi $45 billones sin claridad sobre su destino. Esto podría tener consecuencias como una nueva mega reforma tributaria o la no aplicación de la reforma. Sin duda, será útil para las campañas de los ministros de Petro cuando aspiren a la presidencia, el problema nos queda a los demás.
La reforma al SGP busca aumentar las transferencias a las entidades territoriales que hoy son cerca del 25% de los ingresos corrientes de la nación, estimados en $280 billones para el próximo año, a una regla definida del 39.5%, un 7.0% por debajo de la fórmula de la Constitución del 91. Hasta ahí bien, la crítica de muchos es que se aprueba un monto para que después en una ley estatutaria se defina su distribución. Dado que la reforma se presenta como fiscalmente neutra, es decir, que solo se trata de un ejercicio contable, en el que un gasto de la Nación se convierte en gasto de las entidades territoriales, en la práctica nada cambia. También literalmente se le prohibiría al gobierno nacional concurrir con inversión en salud, educación y saneamiento básico.
Filosóficamente, uno creería que en Antioquia conocen mejor los problemas del departamento que en una oficina de Bogotá. Sin embargo, esta afirmación debe evaluarse con resultados: si una entidad territorial demuestra mejoras en su desempeño, debería tener más descentralización, de lo contrario el gobierno nacional debe ejercer mayores controles. Esto es especialmente verdad, en una constitución municipalista, como es la colombiana, en la que los departamentos podrían solucionar falencias en los entornos de desarrollo de alcaldías. Igualmente, estos podrían ayudar a materializar economías de escala en costos administrativos beneficios para las alcaldías.
Ahora bien, mientras los recortes en el 2025 al presupuesto podrían alcanzar los $30 billones, comprometer un nuevo gasto por razones filosóficas, no parece sabio. Cerca del 80% del presupuesto de Colombia es inflexible (deuda, salarios o vigencias futuras que deben pagarse), por lo menos, es poco probable que lo entiendan las familias que van a perder su Renta Ciudadana y el bono de adulto mayor. Muchos con escepticismo, creen que al transferir estos recursos se generará un hueco fiscal que requerirá mayores impuestos.
Ponerse de acuerdo en repartir recursos no es fácil, décadas después, varias leyes contempladas en la Constitución no han sido aprobadas. La implementación de este Acto Legislativo, sin claridad en el gasto, podría vulnerar la regla fiscal. Ya el Min Hacienda envió un concepto negativo al proyecto y ahora se afirma que el proyecto no tiene costo. Es un debate interesante, ojalá los ministros que lo promuevan no lo dejen tirado en búsqueda de aspiraciones presidenciales.
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