Me alarma profundamente que tantas personas se sorprendan con el brutal asesinato de la niña Sofía Delgado. ¿En qué país viven? ¡Despierten! A diario, miles de niños en Colombia son víctimas de crímenes atroces, muchos incluso más graves, y la mayoría permanece invisibles. La indignación parece surgir solo cuando un caso recibe amplia cobertura mediática, mientras que la violencia cotidiana contra los menores de edad permanece en las sombras. Esta indiferencia colectiva es un reflejo de una sociedad enferma que ha fallado en lo más esencial: proteger a sus niños.

Según el boletín estadístico del ICBF, en 2023 un total de 69.660 niños, niñas y adolescentes se encontraban en Procesos de Restablecimiento de Derechos (PARD), siendo las principales causas la omisión o negligencia, con 18.523 casos, y la violencia sexual, con 18.420. En el periodo de enero a agosto de 2024, Medicina Legal reportó 375 menores asesinados, 11.871 casos de presunta violencia sexual documentados en exámenes médicos forenses; y 183 suicidios.

Estas cifras no son solo números; representan vidas y familias destruidas. Como sociedad, estamos fallando estrepitosamente. La falta de protección, de políticas efectivas y de un sistema de justicia que garantice la seguridad de nuestros niños y adolescentes no puede seguir siendo ignorada. El feminicidio de Sofía es un reflejo de esta crisis y de nuestra incapacidad para cuidar a nuestros niños. No podemos seguir conformándonos con promesas vagas; es urgente actuar ya.

Primero, el Estado debe fortalecer sus instituciones, pero no de la forma superficial que ha caracterizado los últimos años. Hablo de la creación de unidades especializadas en cada entidad territorial, integradas por profesionales que trabajen de la mano con los defensores y comisarios de familia y la fiscalía, pero con una capacidad real de acción preventiva. No se trata solo de reaccionar ante una tragedia, sino de anticiparla.

En segundo lugar, es urgente rediseñar la política de protección infantil para que esté basada en la realidad de nuestra población. ¿Cómo es posible que aún dependamos de mecanismos de denuncia que se pierden en la burocracia? Necesitamos un sistema de monitoreo en tiempo real, utilizando geolocalización y plataformas accesibles que permitan intervenir en situaciones críticas con rapidez. Es hora de integrar las tecnologías más avanzadas en este esfuerzo. La inteligencia artificial y el big data deben ser herramientas esenciales para el rastreo de denuncias y la detección de patrones de riesgo. 

Es urgente implementar programas de escuela de padres que fortalezcan el papel de la familia en la educación y protección de los niños, ya que la familia es el núcleo de toda sociedad. 

La comunidad también debe jugar un rol activo. Es necesario involucrar a líderes locales y comunitarios en programas obligatorios de formación. Convertirlos en “guardianes locales” capacitados para detectar signos de abuso infantil y violencia de género lo que podría ser clave para una vigilancia efectiva en lugares donde el Estado no llega con facilidad..

Además de esto, se necesita abordar el tema de salud mental. El gobierno está destruyendo el sistema de salud en lugar de enfocarse en lo que realmente es uno de los problemas más grandes que enfrenta Colombia y el mundo: la salud mental. Millones de personas siguen sufriendo en silencio por la falta de atención adecuada. Hay una escasez alarmante de psiquiatras, especialmente infantiles, y la situación empeora cuando hablamos de la falta de especialistas en trauma, algo crucial en un país con un largo historial de violencia y conflicto.

La tragedia de Sofía debería ser un grito desgarrador que nos despierte de nuestra indiferencia. Si el gobierno no destina los recursos necesarios y no tiene la voluntad política para articular una política pública que involucre a la familia y la sociedad, seguiremos llorando muertes, violaciones, suicidios y el reclutamiento de nuestros niños. No podemos permitir que la tragedia se repita; es hora de exigir un cambio real.

Adenda: El presidente Petro deja claro que su defensa de los derechos de las mujeres es selectiva y oportunista. Mientras exige la renuncia del magistrado Lorduy, mantiene en su administración a funcionarios con denuncias similares. 

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