Es cierto que en algunos momentos de la Historia de Colombia, los grupos subversivos tuvieron de su lado a las comunidades porque reemplazaron el accionar del Estado, y, a pesar de sus actividades criminales, favorecieron en aspectos económicos e incluso sociales a la ciudadanía. Sin embargo, en la coyuntura que se vive, tanto el Eln como el Epl están en gran desventaja porque tienen a la opinión pública en su contra y no existe un solo gremio o comunidad que legitime su enfrentamiento por el territorio y los vacíos en los negocios que dejó la desmovilización de las Farc.
El enfrentamiento bélico entre las guerrillas del Epl y el Eln ha afectado no sólo la seguridad alimentaria de más de 280.000 personas en nueve municipios del Catatumbo, el derecho a la vida (ya han muerto dos civiles tras la serie de hostilidades) y la libre movilidad; y la prestación de servicios básicos como la salud o la educación, también perjudicó gravemente la autonomía y ejercicio de gobierno propio del Pueblo Barí, el cual se encontraba realizando una asamblea extraordinaria (del 15 al 20 de abril) en la comunidad de Pathuina, municipio de El Carmen, a la cual no pudieron asistir los diferentes representantes de las instituciones del Estado ni de organismos internacionales.
De este modo, ambos actores ilegales torpedearon un importante proceso que requiere con urgencia el Pueblo Barí: La intervención del Estado para restablecer sus derechos individuales y colectivos y la satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas (NBI). Así mismo, el paro armado
El Pueblo ancestral Barí denunció el 16 de abril una “grave situación de vulneración de derechos humanos y derechos colectivos” y hay una evidente infracción al DIH, pero la Nación Barí no está sola y como nortesantandereanos no vamos a permitir que sigan diezmando a nuestras comunidades indígenas.
Es importante que como nortesantandereanos nos unamos y brindemos nuestro apoyo por igual tanto a las comunidades que habitan en las cabeceras municipales y áreas rurales de los municipios afectados por el confinamiento que quieren imponer el Eln y el Epl, como a las comunidades indígenas que habitan en los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, y así evitar la extinción física y cultural del pueblo ancestral que ha habitado y cuidado nuestro departamento por siglos.
A los habitantes del Catatumbo, a los más de 5.000 desplazados y a los cientos de miles de personas que en este momento viven y duermen con miedo, y a los que se les está negando el acceso a bienes, alimentos y el derecho de estudiar o trabajar en sus actividades diarias, a ellos debemos apoyarlos y dejarle claro a los actores armados que no son nueve municipios resistiendo las hostilidades, somos 1.332.000 personas de cuarenta municipios los que condenamos su presencia en los territorios y su actividad ilícita la región.