El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga -ICP- acaba de presentar los resultados del Índice de Libertad Económica del Mundo 2026, elaborado por el Fraser Institute. Colombia obtuvo una calificación de 6,45 sobre 10. El dato más inquietante corresponde al sistema legal y los derechos de propiedad: apenas 5,05 puntos. Una cifra que invita a examinar las condiciones bajo las cuales los colombianos pueden invertir, producir y disponer de su patrimonio.

La medición recoge información de 2024, durante el gobierno anterior. Aunque el índice no mide directamente el intervencionismo estatal, sus resultados permiten reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones públicas que afectan la propiedad y la libertad de empresa.

La propiedad privada tiene un valor que va más allá de su precio. Quien adquiere un terreno, construye una fábrica o abre un establecimiento necesita saber que podrá utilizar sus bienes conforme a reglas conocidas. La incertidumbre sobre esas garantías puede modificar el destino de una inversión y comprometer años de esfuerzo.

Ronald Coase, premio Nobel de Economía, explicó que participar en el mercado supone costos adicionales al precio de los bienes. Obtener información, negociar y asegurar el cumplimiento de los contratos exige tiempo y recursos. Una regulación adecuada puede reducir estos costos. Las restricciones imprecisas y los cambios normativos difíciles de anticipar pueden incrementarlos hasta hacer inviables negocios que antes resultaban rentables.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos -APPAS- ilustran esta discusión. La figura, incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior y desarrollada mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura, supuestamente, buscaba preservar suelos de vocación agropecuaria. Su creación suscitó cuestionamientos sobre las competencias nacionales, la autonomía territorial y, especialmente, sobre las restricciones al uso de la propiedad. La reciente derogatoria de algunas declaratorias de estas áreas confirma la actualidad del debate.

Las preocupaciones alcanzaron otros sectores. En 2024, la OCDE advirtió que la incertidumbre sobre la implementación de las reformas de ese gobierno podía estar desalentando la inversión privada. A ello se sumaron las continuas confrontaciones provocadas en ese entonces con los sectores empresariales. La caída sostenida de la inversión extranjera demuestra que las declaraciones presidenciales influyeron en las expectativas de quienes debían comprometer recursos durante años para generar riqueza y bienestar para todos los colombianos.

En Norte de Santander, donde se necesita atraer capital y ampliar la capacidad productiva, estas circunstancias adquieren especial importancia. Desarrollar una empresa de calzado, ampliar una planta o invertir en agroindustria exige comprometer recursos y asumir riesgos. La incertidumbre regulatoria puede traducirse en proyectos aplazados, oportunidades comerciales perdidas y empleos que no llegan a crearse.

El ejercicio de las facultades de intervención del Estado en la economía exige respetar las competencias legales, proteger los derechos de los ciudadanos y evaluar las consecuencias de cada decisión. Una finalidad pública legítima requiere instrumentos jurídicamente adecuados. La intromisión pública sobre las actividades empresariales debe ser excepcionalísima y contar con suficiente justificación. De otra forma, el Estado deberá indemnizar a quien se vea afectado. Los funcionarios deben comprender que quienes invierten y trabajan en una empresa conocen de primera mano sus riesgos, capacidades y oportunidades. Por eso, las decisiones públicas no deberían partir de la presunción de que el Estado sabe mejor que los empresarios cómo asignar los recursos que ellos comprometen con esfuerzo y responsabilidad.

El desarrollo económico necesita empresarios dispuestos a asumir riesgos, pero el Estado no puede exigirles que sumen a los desafíos propios de emprender la incertidumbre provocada por la arbitrariedad y el ansia regulatoria del poder público.

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