Con el colapso de la pandemia el Gobierno de Colombia buscó minimizar su responsabilidad en los graves problemas que ya estaban agobiando a la nación. Cargarle al virus el empobrecimiento generalizado, con tantos reveses sociales acumulados, era una manera de esconder la falta de acierto en las políticas oficiales.

No es que se le quite gravedad al estallido del coronavirus. Su dinámica de contagio, sin remedio alguno para contrarrestarlo, más la intensidad de su letalidad, crearon una situación de suplicio de gran impacto. Pero ya los males crónicos estaban ganando espacios y aumentado la población vulnerable.

A esa realidad inquietante de todos los días el Gobierno no respondió con decisiones de solución efectiva y se aferró más al asistencialismo de consolación y al discurso propagandístico que a un tratamiento de mayor alcance. Aumentó la pobreza, creció el desempleo, el sistema de salud fue insuficiente para atender a los enfermos y el tejido social se surtió de malas puntadas.

Al deterioro social evidente se le agregó el explosivo de la reforma tributaria, propuesta por el gobierno a sabiendas de lo que representaba contra los asalariados, la clase media y en general la población de ingresos mínimos, aunque se dijera que habría una destinación considerable para ayudar a los vulnerables.

El hundido proyecto de reforma tributaria estaba pensando de mala fe, con la intención de favorecer a los más pudientes y engañar a los pobres con migajas.

Y los ya mencionados no son los únicos males en que está atrapada Colombia. Lo que requiere la educación no es solamente la gratuidad de la matricula en las universidades oficiales por un semestre para los estratos de uno a tres, en un semestre. El sistema de salud es clasista y en el Congreso cursa una reforma que puede hacer más inalcanzable ese servicio para la población pobre.

Por las crecientes necesidades insatisfechas, por las negativas a las peticiones de los sectores populares, por el desconocimiento de los derechos sociales, los colombianos han respondido afirmativamente al paro. No es una movilización de vándalos, ni de terroristas, ni de “castrochavistas”. No se busca nada distinto a que el país sea bien gobernado y no esté expuesto a la violencia de los que tienen el mando.

El paro, con sus peticiones y sus marchas, es la expresión de una nueva ciudadanía, la que no quiere seguir regida por el engaño, ni la intimidación.

El malestar que vive Colombia es el costo del mal gobierno y el ánimo de la gente está de parte de un manejo democrático de la nación. Que se viva en paz, en libertad y con la garantía del respeto a la vida.

Puntada

La violencia de la Fuerza Pública contra los manifestantes es autoritarismo.

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