Pensemos un momento en el futuro. El envejecimiento de la población es una problemática global, pues la proporción de personas mayores aumenta cada año en la mayoría de los países del mundo. Tanto es así que la Organización de Naciones Unidas considera que el envejecimiento es uno de los desafíos globales más significativos del siglo XXI, en la medida en que impactará, no solamente las políticas fiscales, sino el mercado laboral, el intercambio de bienes y servicios e incluso el concepto de familia. De acuerdo con las proyecciones de esta organización internacional, la población con más de 65 años pasará del 9 % en 2019 al 16 % en 2050, lo que significa que una de cada seis personas del mundo será un adulto mayor.

¿Pero qué dificultades afronta el mundo para que el 16 % de la población pueda jubilarse? Pese a encontrarse en medio de la guerra de Putin contra su población, Ucrania planea reformar su sistema pensional con el objetivo de que cada jubilado pueda recibir al menos el 30 % de los salarios promedio devengados durante su vida. La pensión se calcularía con base en el puntaje que se obtenga de la relación entre cada sueldo percibido por el retirado y el del promedio de la población.

El 1 de septiembre entró en vigor la reforma del sistema de jubilación de la V República Francesa y cuando escribo esta columna, el 28 de octubre de 2023, se convocaron las décimo primeras manifestaciones masivas en su contra. La controversial decisión se adoptó por el Gobierno Borne, sin la aprobación del Parlamento francés (aunque instrumentalizando sus procedimientos), y aprobó el aumento progresivo de la edad de retiro de los 62 a los 64 en 2030, los años de cotización de los 42 a los 43 en 2027, entre otros aspectos que llevaron a Emmanuel Macron a enfrentarse frontalmente con los sindicatos.

Durante el COVID-19, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021, diversos países de la OCDE han implementado ciertos cambios en sus sistemas pensionales. La modificación más impopular casi siempre es la de aumentar la edad de jubilación, razón por la que, antes de la reforma de Francia, solo Suecia la había aumentado de 61 a 62 años. Sin embargo, debido al envejecimiento de la población, será necesario subir la edad de retiro incluso a los 74 años para la segunda mitad del siglo XXI en varios países desarrollados.

Esta realidad hace que sea sorprendente que en Colombia no se haya desatado un gran debate por la reforma que planea tramitar el Gobierno de Petro hasta el momento. De hecho, un grupo de expertos conformado por académicos, exministros y exdirectores de departamentos administrativos han manifestado su apoyo a que la reforma haya incluido, entre otros aspectos positivos, la creación del pilar solidario y la disminución de los subsidios públicos a personas de ingresos medios y altos. No obstante, advierten que la reforma propuesta se redactó con excesivo optimismo y probablemente esto impida sobrellevar las dificultades del sistema en el futuro.

El panorama de nuestro país parece demostrar cierto desinterés de la ciudadanía en la discusión del tema. Puede deberse a que solo una de cada cuatro personas reciba hoy una mesada pensional, con lo que la inmensa mayoría de la población colombiana no tiene una expectativa seria de obtenerla en el futuro.

¿Acaso el desinterés se debe a que los colombianos no tenemos esperanza? Como vengo de explicar, en otros países, reformar el sistema es el mejor ejemplo de cómo pisarle los callos a toda la población. La sola idea representa la materialización igualitaria de la incomodidad y la desazón de jóvenes y prepensionados, de empresarios y cotizantes, de neoliberales y keynesianos, tecnócratas y populistas. Toda la población queda con dolorosas heridas en sus maltrechos pies, porque todos —todos— tenemos intereses en el futuro de nosotros mismos.

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