Al expedirse el Ato Legislativo 02 de julio de este año, se marcó definitivamente, la pérdida de autonomía e independencia de la justicia, léase Rama Judicial.
Evidentemente, se acaba con el Consejo Superior de la Judicatura, ente de nominación emanado del Congreso de la República, para dar paso al Consejo de Gobierno Judicial, manejado por un gerente con un poder omnímodo, acompañado por tres (3) personas expertas en finanzas y gestión pública, que son las que van a llevar el peso de ese organismo, desconociendo el derecho, trabajando de consuno con el gerente del Consejo, para crear, modificar planta de personal, establecer el mapa judicial, las necesidades de la justicia, con una convocatoria mensual de los otros cinco integrantes, los tres (3) presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, nominados por el año que dura su presidencia, mientras el representante de Magistrados y Jueces irá por 4 años al igual que la representante de los empleados, que tampoco es abogada, pero salió avante en la votación.
Como cabe en la mente de los juristas, jueces, empleados de la rama, que personas ajenas a la misma, no abogados, sean quienes fijen las pautas de funcionamiento de ella, en qué cabeza cabe semejante engendro que desde cualquier punto de vista suena a disparatado e inepto.
Y las reuniones con los otros representantes del Consejo será una vez al mes. Los integrantes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, todos abogados, en trabajo continuo, de manera diaria, estudiaban las fallas del sistema judicial, su congestión, la ausencia de creación de cargos desde hace 25 años, creciendo la solicitud de demandas y denuncias a 4.000.000 de casos anuales, mientras se producían 1.300.000 sentencias anuales; cuando puede darse un equilibrio en esta labor, si no se crean cargos permanentes fijándoles metas, etc., y ahora, con ese cambio, los expertos en finanzas nos manejarán las actividades judiciales y los otros integrantes del Consejo viajarán una vez al mes, a definir las políticas desarrolladas por los no abogados y el gerente. La justicia amerita una reforma seria y respetuosa, conservando su autonomía e independencia, pero no de esta manera. Que esperpento jurídico.
La Comisión de Aforados, se encargará de investigar a los Magistrados de las Altas Cortes y otros personajes nacionales, pero, la definición será de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en materia disciplinaria. Si es penal remitirán el caso a la Corte Suprema de Justicia para decidir. ¿Y quién los elegirá? Que difícil pensar en ello: el Congreso.
Que grave que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conformada por 7 juristas, investigará a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y, estará integrada por 4 magistrados de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial, al Congreso, quien los nombrará.
Y, los otros 3, también los elige el Congreso, de ternas enviadas por el Presidente de la República. Que más politización que esa. El Poder Judicial, dependiendo de la Rama Legislativa y la Ejecutiva. ¿Es esto un equilibrio de poderes me pregunto?
No será extraño, que dentro de poco, tengamos acá otros Leopoldo López y demás detenidos políticos como en Venezuela ante la pérdida de independencia y autonomía de los jueces.
Afortunadamente se suprimió dar candidatos a Contraloría a cargo de los tribunales, acto que era criticado por politizar la justicia y que generaba mucha inconformidad en ella.
A simple vista, se palpa la injerencia política del Ejecutivo y el Legislativo en la Rama Judicial con ese Acto Legislativo; de allí, que hemos optado por luchar para buscar un Referendo que ponga fin a tan irregular situación, al ir la reforma a la justicia en sentido contrario a los intereses generales no solo de la justicia en sí, sino del pueblo colombiano, debiendo recoger 1.700.000 firmas para ello, para lograr ese cometido al sentir los jueces y empleados que esa reforma judicial va en contravía de los intereses soberanos de la Nación.
