La política que debe ser el ejercicio intelectual de las ideas para crear condiciones de entendimiento o modelos de gobierno en función del bienestar público y todo aquello que valorice la vida, algunos de sus protagonistas la reducen a una intransigencia irreconciliable con violencia ofensiva incluida.

En Colombia, a lo largo de su historia, se ha padecido ese mal, como expresión de un sectarismo brutal. Eso ha hecho de la violencia una práctica recurrente y ha llevado a la muerte a centenares de compatriotas, estigmatizados por pensar diferente a sus verdugos.

Los partidos liberal y conservador tuvieron el monopolio del poder en todo tiempo y en vez de generar una cultura de convivencia fomentaron en sus bases distanciamientos pugnaces. Aunque se unían alrededor de intereses de poder en algunos eventos, se dejaban envenenar por sentimientos negativos relacionados más por el reparto del poder que por temas fundamentales.

El hostigamiento partidista recíproco se agudizó entre los años finales de la década del 40 en el siglo XX y la del 50. Una crisis que tocó fondo y obligó al pacto bipartidista del Frente Nacional, cuyo efecto positivo fue mitigar la violencia, pero no introdujo una cura democrática a la degradación a que se había llegado.

Colombia siguió enfundada en la camisa de fuerza de un bipartidismo con estrecheces en la concepción democrática del Estado.

Fue un caldo de cultivo del resquebrajamiento que sobrevino bajo la presión del conflicto armado que se aferró en los territorios de la nación, sin una respuesta de quienes tuvieron el manejo del país, con la excepción de corrientes progresistas que asumieron la búsqueda de un cambio de rumbo.

La Constitución expedida hace 30 años abrió el camino hacia el cambio. Pero el predominio de fuerzas políticas amarradas al atraso se ha convertido en obstáculo.

El acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano durante el mandato final de Santos en 2016, fue otro salto importante, pues sentó las bases de una renovación política de gran aliento. A esa posibilidad se han atravesado los sectores más retardatarios de Colombia, como si la paz les diezmara la riqueza que han acumulado.

El miedo suscitado por el cambio que los sectores populares están exigiendo, ha acelerado la resistencia de quienes no se resignan a la caída del autoritarismo. Se aferran al fascismo y consideran enemigo a quien no esté en su línea. La consigna es expandir el odio en toda su intensidad sin consideración alguna. Estiman que la política no es para aperturas de bienestar sino para la imposición de intereses excluyentes.

La proclamación del dogma del odio es la constante y estigmatizan a los que se atrevan a disentir, a tener voz libre y no someterse a los designios del oscurantismo.

Puntada

Colombia, a partir del presidente Duque, debe tomar en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No caben respuestas erráticas.

ciceronflorezm@gmail.com

cflorez@laopinion.com.co