El llamado de urgencia para que se apruebe, por parte del congreso, el proceso de juzgamiento de los servidores públicos que tienen origen en elección popular, merece toda la atención del caso, pues según la Procuraduría, existe la posibilidad de que prescriban mas de 10.000 denuncias, al no poderse fallar, por no haberse adaptado la norma a las postulados que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera que estos servidores públicos no pueden ser sancionados por la Procuraduría, sino por un organismo judicial que incorpore la doble instancia en el proceso.

Si tenemos en cuenta que uno de los principales problemas que tiene el país, según las encuestas de percepción ciudadana, es el de la corrupción, entonces podemos concluir que, si esa advertencia llegare a pasarse por alto, los colombianos estaríamos ante una de las mas grandes derrotas morales y éticas que podamos observar.

No es posible, que todas aquellas personas elegidas popularmente como alcaldes, gobernadores, parlamentarios, diputados y concejales, queden exentos del ámbito de la justicia, por no existir una norma clara que permita su juzgamiento, y cuando sea del caso, la respectiva condena por las atrocidades cometidas en el ejercicio del cargo, bien sea por el abuso de los presupuestos confiados a ellos, o por abusar del poder que ostentan como tales, en las decisiones que tienen que tomar.

A tiempo, una vez mas de 10.000 investigaciones quedarían borradas, por esta absurda omisión del legislador, al faltar a su deber para señalar las normas de juzgamiento.

Definitivamente, junto con la corrupción, uno de los grandes problemas que Colombia padece, es el de la Justicia, que ha demostrado que de los procesos que se le confían, menos del 10% concluyen en condenas, lo que hace que los corruptos y criminales deambulen orondos desafiando a los ciudadanos, pues les muestran con total desfachatez, que sus torcidas conductas, no tienen quien las persiga, o siquiera las señale.

La controversia surge ahora en torno a que el proyecto no señala la instancia específica, ajustada a lo que debe ser la rama judicial, pero es deber del congreso tomar nota de las observaciones y ajustar el proyecto a los mejores términos de aplicación exitosa, pues los grandes reclamos populares suelen surgir muchas veces por la demora en adoptar normas que permitan establecer canales fehacientes para evacuar las preocupaciones ciudadanas.

En el mismo congreso, paralelo a la reforma de la Procuraduría, está el de la reforma a la justicia, lo que quiere decir que la oportunidad está dada para que se adopte el mecanismo idóneo que permita la salida urgente que se requiere.