Señor presidente Abelardo de la Espriella:
Le escribo desde el Catatumbo, tierra de campesinos que nunca pisaron una universidad, como mis padres, pero que me dieron la oportunidad de graduarme. Soy prueba de que aquí sobra talento; lo que ha faltado es Estado.
Desde que el Eln rompió el cese al fuego contra las disidencias del Frente 33, el 16 de enero de 2025, vivimos la mayor crisis humanitaria de nuestra historia reciente: más de 105.000 víctimas incluidas por la Defensoría del Pueblo en el Registro Único durante 2025, la mayoría por desplazamiento forzado, y decenas de niños reclutados por grupos armados, según la ONU.
Documentos incautados al Eln revelan listas de adolescentes entrenados para manejar drones y fusiles en vez de estudiar. Esa es la generación con la que crecí. No basta decretar la emergencia cuando la sangre ya corrió; el Catatumbo necesita presencia sostenida del Estado, no solo cuando las cámaras voltean hacia acá.
Usted habla de romper el centralismo. Le tomó la palabra, pero desde la región: Pamplona, Ocaña y el Catatumbo no pueden seguir siendo apéndices de decisiones tomadas sin conocer nuestras trochas ni escuelas sin agua. En Convención, la deserción en secundaria supera la media nacional; hasta el 38% de los estudiantes catatumberos abandona entre tercero y sexto grado. Esa es la otra guerra: la del joven que decide entre un fusil y un cuaderno.
Sobre la coca, le hablo con franqueza: el campesino no la siembra por gusto, sino porque durante décadas no tuvo vías, crédito ni comprador para nada distinto. Norte de Santander es hoy el tercer departamento con más hectáreas sembradas del país. No le pido glifosato para mi gente; le pido sustitución real, no anuncios.
Hay otra herida que casi nadie menciona: el carbón, que antes de esta crisis sostenía miles de empleos formales aquí. Mientras el país discutía el Decreto 1047 de agosto de 2024, que prohibió exportar carbón térmico a Israel y golpeó sobre todo a Cesar y La Guajira, en Norte de Santander el golpe vino por otra vía: el decreto legislativo 0175 de febrero de 2025, expedido bajo la conmoción interior, creó un impuesto del 1% a la extracción y exportación de carbón para financiar la emergencia.
El propósito era comprensible, pero para el pequeño minero, que ya operaba con márgenes mínimos, resultó insostenible: hacia el tercer trimestre de 2025 la producción y exportación de carbón habían caído cerca de un 33% en la región. Minas cerradas significan familias sin sustento en la misma tierra que ya sangra.
En medio de todo esto también hay ejemplo: en Sardinata, la alcaldesa Diomara Montañez impulsa a su municipio como la "Puerta de Oro del Catatumbo", una apuesta que demuestra que, con institucionalidad, también hay confianza y oportunidad. Ese Catatumbo casi nunca sale en las noticias, pero existe y debería ser la regla.
No le escribo desde el resentimiento, sino desde la convicción de que el talento del campo, con oportunidades reales, puede transformar esta región sin fusil de por medio. Le pido seguridad territorial permanente, educación rural digna, sustitución real de cultivos y una fórmula que financie la paz sin ahogar la minería legal que aún nos sostiene.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
