La atención del desastre que provocó el terremoto del pasado 10 de agosto ya cuenta con una ruta, pero algunas propuestas podrían enfrentar obstáculos jurídicos o de ejecución.

El mandatario firmó el Decreto 1261 del 19 de agosto, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días en 15 departamentos con afectaciones en viviendas, hospitales y redes de servicios públicos, incluido Norte de Santander.

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Para financiar el costo de la atención a los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas, principalmente Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, el Gobierno plantea acudir a recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Sistema General de Regalías (SGR).

También optar por el crédito público, la cuenta Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE); a Obras por Impuestos y a la reasignación transitoria del 25% de los premios caducos de juegos de azar, entre otras propuestas.

De acuerdo con Zambrano Asesores y Consultores, el decreto le dedica “páginas y páginas a detallar una crisis fiscal tremenda” que existía antes del sismo, subrayando el déficit del 7,8% y una deuda desbordada.

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“El hecho de resaltarlo tanto es jugar con fuego, porque la Corte Constitucional podría interpretar muy fácilmente que están usando el sismo como excusa para arreglar problemas económicos crónicos por la vía rápida. Es una línea delgadísima”, señaló la consultora.

En otro punto, según Zambrano Asesores y Consultores, todavía no existen reportes consolidados sobre daños estructurales en Norte de Santander que permitan determinar con precisión la magnitud de la afectación.

“Esto es literalmente un arma de doble filo: por un lado, es una oportunidad de oro, porque la región podría acceder a fondos y subsidios, pero, por el otro, se exige demostrar una afectación concreta”.

Sin embargo, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación han reportado daños en viviendas y otras obras de infraestructura en Cúcuta, Chinácota, Silos y Lourdes.

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“Sin datos iniciales claros, estos municipios podrían terminar estrellándose contra una pared burocrática enorme. Es el ejemplo perfecto de cómo unos datos imprecisos generan incertidumbre total en la práctica, lo que nos lleva casi inevitablemente a los tribunales”, añadió la empresa.

Aseguró que el decreto abre la puerta a cambiar el régimen laboral, mover procesos judiciales a nivel nacional y hasta redireccionar fondos del turismo o de Coljuegos; lo cual, en el mundo del derecho, choca con el requisito de la conexidad. 

La consultora explicó que tiene que haber un vínculo directo e indiscutible entre el terremoto y la medida, porque utilizar poderes de emergencia para cambiar las reglas de cómo operan los casinos o los hoteles va a necesitar una argumentación de otro nivel para no caerse en los tribunales.

Para Zambrano Asesores y Consultores hay “frentes legales supersensibles” en el decreto de emergencia: falta de conexión lógica en temas tan distintos, insistencia en la crisis fiscal previa, enormes dudas con datos locales y quieren redistribuir procesos judiciales, lo cual ya fue declarado inconstitucional en plena pandemia del 2020 por meterse con la independencia de los jueces. 

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