Cuando se habla de la sostenibilidad de las finanzas públicas de un país, los Gobiernos tienen dos opciones: aumentar los ingresos totales (recaudo de impuestos, control de evasión, venta de activos, multas, emisión de bonos y efectos extraordinarios de la actividad minero-energética, entre otros) o reducir el gasto. Colombia no es la excepción a este principio de la sostenibilidad fiscal, por lo que, año tras año, el Gobierno de turno busca conseguir recursos para distribuir el presupuesto nacional, sin aumentar la deuda pública y cumpliendo con las metas de déficit proyectadas.
El próximo 14 de noviembre Colombia emprenderá esta ardua tarea con el inicio del debate en el Congreso para dar viabilidad, modificar o rechazar la propuesta del Gobierno Duque para restablecer el equilibrio en el presupuesto nacional: La Ley de Financiamiento. Este proyecto de ley fue radicado el pasado 31 de octubre y aunque sus impulsores nieguen que constituye una reforma tributaria, el contenido del proyecto está cargado de modificaciones al Estatuto Tributario, sin importar el nombre con que quieran llamarlo.
Así las cosas, el martes se dará inicio al debate sobre la reforma tributaria con la que se pretende recaudar 14 billones de pesos más para la vigencia 2019, y con la que el presupuesto para el próximo año sería de 258 billones de pesos. La Ley de Financiamiento está compuesta de tres bloques de modificaciones: Gastos del Estado, cambios en el sistema tributario, y reforma de la Dian, tanto en el recurso humano como en el tecnológico. Sus precursores afirman que la norma también contiene una serie de ajustes para luchar contra la evasión, pero, lo cierto es que esta apuesta es demasiado débil y no lograría ‘abrochar’ a los grandes evasores, en tanto que sólo se habla en la ley de enajenación y de causales por las cuales las entidades que gozan de beneficios tributarios los perderían.
Los analistas más afines con el Gobierno han escrito numerosos artículos en portales como Dinero y Portafolio, calificando de populistas a quienes critican la propuesta de imponer IVA de 18% a los bienes de la canasta familiar. Sin embargo, no entiendo qué hay de populista en rechazar una propuesta que va a afectar la seguridad alimentaria de las familias en Colombia, o por qué habríamos de apoyar una disminución en la base pensional para declarar y pagar renta (aquellos con una pensión a partir de $2,6 millones mensuales deberán declarar renta). Además, tampoco es claro por qué en una coyuntura de paz y de terminación de conflicto las armas estarían exentas de IVA mientras que el aceite, el fríjol o la avena deberán pagar 18% de impuesto a las ventas.
La Reforma Tributaria de Duque, además de ir en contravía de lo expresado en campaña (menos impuestos, más empleo, mejor calidad de vida, etc.), demuestra que el futuro no es de todos, porque plantea que si no se logran los efectos esperados con la Ley de Financiamiento para llenar el ‘hueco’ fiscal, los programas sociales deberán recortarse durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, es decir, durante todo el período de Gobierno, sin haber analizado que actualmente hay muchos rubros de donde reducir el gasto sin afectar la dignidad humana que millones de ciudadanos encuentran sólo a través de este tipo de programas.
Ahora falta ver la calidad del debate que darán los congresistas el próximo 14 de noviembre desde las 8:00 am, y saber qué opinan los senadores y representantes nortesantandereanos de este proyecto de ley, empezando por Wilmer Carrillo, quien será uno de los coordinadores de la jornada, y Juan Pablo Celis, ponente de este proyecto. Aún falta por definirse los coordinadores y ponentes de la comisión tercera del senado, en donde, recordemos, está el nortesantandereano Edgar Jesús Díaz Contreras. A todos ellos les corresponde la tarea de reflexionar sobre los puntos más controversiales del proyecto y demostrar que ‘El futuro es de todos’ no es sólo un eslogan de campaña sino una meta del Estado.
