Benjamin Franklin dijo alguna vez que solo había dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte. Y tenía razón. Salvo, al parecer, para las plataformas chinas que le venden a Colombia sin pagar impuestos, con la venia del gobierno que acaba de irse.
Ese gobierno aprovechó todas las calamidades y amenazas de catástrofe para decretar impuestos sin ley de por medio, celoso, aparentemente, de la eficiencia y, sobre todo, de las utilidades del sector privado. Las declaratorias de estados de excepción por La Guajira, el Catatumbo y la emergencia invernal, llevaban consigo alguna herramienta para saciar su voracidad fiscal. Pero hubo un recaudo, mucho más a la mano, que se negó a cobrar.
La consecuencia es una asimetría difícil de justificar: mientras el comercio formal sostiene buena parte de la carga tributaria y laboral del país, una porción creciente del consumo entra por canales que quedan prácticamente por fuera de esas obligaciones.
Ese gobierno no tuvo en cuenta que, mientras el comerciante colombiano paga salarios, seguridad social y parafiscales, también debe asumir el arriendo del local, el predial, el impuesto de renta, el de industria y comercio y los aranceles de los productos importados que vende.
Frente a esa carga, la ventaja de ciertas plataformas extranjeras resulta todavía más evidente: cualquiera puede entrar a una de ellas y comprar en China productos que no pagan aranceles ni IVA, que en algunos casos no respetaron patentes y que provienen de cadenas señaladas por organismos internacionales y por la prensa especializada por abuso laboral, jornadas extenuantes y, en los casos más oscuros, por trabajo infantil. El emprendedor colombiano compite, de esta forma, con las manos atadas por los costos y por los impuestos.
Alguien dirá que los tratados de libre comercio eximen de aranceles o de impuestos a los envíos por correo que valen menos de doscientos dólares, y es cierto. Pero esos bienes deben ser originarios de los países con los que Colombia firmó los tratados, porque la reciprocidad es la que nos brinda las mismas ventajas para entrar a esos mercados. Un producto chino no cumple esa condición por el solo hecho de despacharse desde un país con el que sí tenemos tratado. Cuando una mercancía de origen chino hace escala en un tercer país y se declara como si fuera originaria de ese destino intermedio, se desnaturaliza el beneficio arancelario y se configura una forma de evasión.
No se entiende cómo un gobierno que dijo estar tan preocupado por lo que llamó economía popular dejó que las plataformas chinas compitieran de esa manera contra los emprendedores colombianos, que sí pagan impuestos y salarios formales. Sorprende también que, con semejante avidez tributaria, haya renunciado durante cuatro años a un recaudo que sus propias entidades calcularon en cientos de miles de millones de pesos cada año.
Todos tenemos dos cosas seguras en la vida. Las plataformas chinas, al parecer, no. Colombia terminó operando un gran puerto libre de facto para compras que parece sacado de un cuento chino, aunque sus efectos fiscales y comerciales sean bastante reales.El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la obligación— de cerrar esa puerta, hacer cumplir las reglas de origen, cobrar lo que corresponde y devolverle al comercio colombiano una competencia en condiciones justas.
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