El pasado 6 de diciembre se conmemoraron 90 años de la Masacre de las Bananeras, suceso en el que cientos de trabajadores fueron asesinados para ponerle fin a una huelga que exigía mejores condiciones laborales.

Mil ochocientas personas fueron asesinadas en un intento del Gobierno colombiano por proteger los intereses de la empresa privada United Fruit Company, firma estadounidense que producía y comercializaba frutas tropicales latinoamericanas.

En esta misma fecha comenzó la puja para definir el incremento del salario mínimo en 2019, la cual terminó el 21 de diciembre con el anuncio por parte del Presidente Duque de un aumento que corresponde el 6%, quedando el salario mínimo en $828.116 para el próximo año, sin tener en cuenta el subsidio de transporte.

Para el equipo Duque, este es un paso muy importante en el objetivo de lograr trabajo decente para los colombianos, como lo propone el pacto que se firmó el 9 de octubre del presente año, porque este aumento corresponde al mayor en 25 años (debido a que está un 2,73% por encima de la inflación esperada para el 2019). Sin embargo, este es sólo el lado dulce y está lejos de aportar a favorecer los intereses de la clase trabajadora y de generar condiciones dignas de empleabilidad y calidad de vida.

Una vez más, 90 años después, aunque sin sangre ni violencia, los intereses de los empresarios fueron privilegiados sobre las necesidades de los trabajadores en Colombia.

Si el lado dulce del Centro Democrático estuviese realmente interesado en los derechos laborales de los colombianos, las reformas en la Ley de Financiamiento hubiesen sido diferentes, más blandas con la clase media y más duras con los que tienen mayor poder adquisitivo.

Pero fue todo lo contrario, ya que con las exenciones y privilegios que se otorgaron en la reforma tributaria, los grandes contribuyentes dejarían de pagar aproximadamente 10 billones de pesos (pero ahí no importa el déficit).

Tampoco se ha iniciado ninguna discusión para mejorar las condiciones de los trabajadores independientes, quienes actualmente viven bajo la peor modalidad de contratación (la cual es la más utilizada por el Estado), no cuentan con prestaciones sociales ni con estabilidad en sus ingresos, lo cual indica que en este Gobierno no existe ninguna preocupación real por mejorar el descontento social que nos ha llevado de movilización en movilización con un solo éxito tangible: El presupuesto para la educación pública.

La crítica hacia el aumento del salario mínimo no emana de una perspectiva populista ni de una especie de animadversión contra los generadores de empleo en el país, como sugieren los que son reacios a analizar las movidas en términos macroeconómicos. Por el contrario, es un debate que surge del análisis sobre el comportamiento económico de los agentes individuales y el impacto del poder adquisitivo de los trabajadores en el ciclo económico del país.

Si los 2 millones de personas que viven con un salario mínimo tienen mayores ingresos, se fortalece la capacidad de adquisición de bienes y servicios en el país, lo que redunda en un mayor crecimiento en la economía. Además, vale la pena señalar que la mayor inflación en Colombia se da por los bienes y servicios que son regulados por el Estado: vivienda, combustibles, servicios públicos y arriendos, por ejemplo, por lo que el incremento del salario mínimo que se decretó para el 2019 no alcanza a cubrir lo anterior, y esto es lo que provoca inconformidad.

En definitiva, si fuese prioridad para el Gobierno reducir el descontento social, mantener la calma y mejorar las condiciones de vida de la población, el aumento del salario mínimo hubiese sido más cercano a lo que proponía la CUT y no el gremio de los empresarios, contrario al caso francés, donde Macron decidió sacrificar el déficit público por recuperar la paz en las calles.

Es ahí y no en el modelo económico donde radica la diferencia entre propaganda y gobierno, entre mostrar y hacer, entre proteger a la empresa privada y proteger a la ciudadanía. Colombia, todavía muy lejos de superar los motivos que ocasionaron la huelga en las bananeras que terminó en un baño de sangre.