La mayoría de colombianos que votan por el ganador cuando se inicia un gobierno a nivel nacional, departamental o municipal, esperan con optimismo que el mismo sea mejor que el anterior y  resuelvan en parte muchos de los graves problemas que aquejan a las comunidades. En un principio se ve a los mandatarios, en su euforia inicial, anunciando planes y programas materializados en los planes de desarrollo nacional y territorial que presentan en sus respectivas corporaciones (Congreso, Asambleas y concejos) como faros que guiarán la gestión en su respectivo mandato.

Con el transcurrir  del tiempo, las esperanzas de la ciudadanía se empiezan a esfumar hasta convertirse en una frustración al final del respectivo mandato. Este es un ciclo que se ha venido repitiendo en las últimas décadas. Esa es la razón por la que los electores en forma sistemática se han venido alejando de los procesos electorales, importándoles un bledo el que asuma el poder con la certeza que este no mejorará lo hecho por su antecesor y por el 
contrario todo empeorará.

Y a fe cierta que no están muy lejos de la realidad. Cómo esperan los colombianos un buen gobierno, valga la redundancia, del gobernante de turno, cuando para hacerse elegir tuvieron que invertir sumas astronómicas en publicidad y compra de electores en diferentes modalidades si como es normal  en todo negocio se debe recuperar la inversión con unos buenos réditos.

Esto en palabras castizas lo llamamos corrupción. La solución no está en el hecho que el Estado asuma la financiación de las campañas políticas, por cuanto se seguirán invirtiendo dineros privados que producen un desequilibrio a la hora de la definición. Los mandatarios,  financiados por empresarios poderosos, contratistas, congresistas y demás, saben que tienen la obligación moral y hasta jurídica de gobernar para sus patrocinadores, así de sencillo, descarnado y real es nuestro sistema. La nueva reforma política presentada por el gobierno a este Congreso no resuelve el problema, solamente lo traslada.

La eliminación del Consejo Nacional Electoral por un Tribunal Electoral adscrito al Consejo de Estado politiza aún más esta  Corporación. Extender los mandatos de los actuales gobernadores y alcaldes es una forma de ahorrarse dinero los congresistas que son patrocinadores de los mandatarios. La financiación de las campañas por el Estado nos las trasladan en impuestos a los contribuyentes y no resuelve el problema como lo señalé anteriormente. Y las listas cerradas serán manejadas por los directores de los partidos volviendo al tradicional manejo del bolígrafo eliminado en el pasado por excluyente,  injusto e inconveniente. Como conclusión debemos aceptar los colombianos que con este siniestro sistema electoral el buen gobierno es solo un mito.