No sé si sea una mala o buena noticia para los egresados de las facultades de Derecho - viejos como yo, no tan viejos y recientes - y para los actuales estudiantes: lo que aprendimos o lo que están aprendiendo ya no sirve. De modo que ¡a comenzar de cero!
Como es un tema muy extenso y profundo, daré una corta información.
Una clave de lo que viene ocurriendo la encontramos en un reciente artículo del profesor y exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Javier Tamayo Jaramillo (Origen nazista y marxista del Nuevo Derecho (IV). El caso colombiano- Ámbito Jurídico, 14 al 27 de septiembre de 2015).
El Nuevo Derecho - que es la corriente en auge - tiene como vocero en Colombia al profesor Diego López Medina.
Mejor ejemplo de aplicación no puede darse que Venezuela, a quien le sigue Ecuador, un poco Argentina, y, por supuesto, la madre de todos, Cuba.
En resumen, se elaboran doctrinas que coincidan con las del Estado en todas sus esferas.
Se explica así que el finado presidente Chávez saliera a la calle a señalar qué negocios había que expropiar, y en efecto los jueces se apuraban a satisfacerlo, y que el señor Maduro condene desde un micrófono - igual que lo hacía el coronel - a los opositores, y, ¡orden cumplida, mi comandante! - : ahí está Leopoldo López condenado a 13 años, 9 meses y 7 días mediante una sentencia proferida por la juez Susana Barreiros, sentencia que, repito, ya habían anunciado el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabellos y otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Ese es, en esencia, el Nuevo Derecho, cultivado por los llamados progresistas - de franca ideología izquierdista -, incrustados en las altas cortes de Colombia y en la Fiscalía General de la Nación.
El columnista de La Opinión Fernando Londoño Hoyos nos revela que el actual Fiscal General de la Nación Luis Eduardo Montealegre Lynett pertenecía a la Juventud Comunista (JUCO) de Ibagué, pero debo admitir que en sus excelentes tratados de derecho penal no dejaba ver las orejas de lobo sino que se mostraba como un verdadero científico. Ahora, la cuestión no es la ideología que cada uno profese sino que en las instancias judiciales también haya inspiración política y que las providencias tengan claro sabor partidista, a tono con el gobernante de turno y su gabinete.
Nosotros aprendimos - y eso se les estaba enseñando a los estudiantes de Derecho - que los delitos son autónomos, y que la conexidad en el juzgamiento obedece a ciertos condicionamientos. Un criterio sentado desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia (Cas.28 de noviembre de 1952, LXXIII, 811) y aún hoy aceptado, expresa que “La circunstancia de que unos sindicados cometieran solo rebelión, y otros parte o la totalidad de otros delitos, es problema que se refiere únicamente a la coparticipación criminosa y a la responsabilidad penal, pero no al tema de si los delitos tuvieron conexión entre sí”. Igualmente manifestó la Corte: “La relación o nexo entre las infracciones debe ser lógica, ya se trate de varias cometidas por un solo individuo, ora hayan sido agotadas por pluralidad de personas; sustancial o esencial y no meramente secundaria, pues de lo contrario la dependencia que naturalmente tienen unas cosas con otras sería causa de que se investigaran y fallaran en un solo proceso infinidad de infracciones con el consiguiente caos en la administración de justicia. (Sent., 9 de agosto de 1957, LXXXVI, 150).
El doctor Montealegre, para facilitarle al presidente Santos las cosas en el arreglo pactado con las Farc, ya proclamó que delitos como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro - no lo dijo expresamente pero lo dio a entender que también los asesinatos y masacres de civiles, la violencia sexual, el reclutamiento de menores y la tortura - son delitos conexos, que se subsumen en el delito de rebelión. Se trata de una manera mañosa de asegurar la impunidad de las Farc. Entonces, a la tradicional clasificación de concursos - material y formal con sus subdivisiones - habrá que añadir el elaborado por Montealegre que comparten, unos acérrimamente y otros con pocos reparos, los integrantes de la subcomisión para la justicia transicional, a saber, Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y Doug Cassel, delegados del gobierno, y Álvaro Leyva - conservador fariano -, Diego Martínez y Enrique Santiago, español, como voceros de las Farc.
¿Estamos, pues, ante el Nuevo Derecho o ante el caos de la justicia, como lo previó la Corte?
orlandoclavijotorrado@yahoo.es
