El malestar y la creciente rabia ciudadana, principal oxígeno de los populismos que ya hacen presencia entre nosotros, obliga a entender lo que sucede: Una frustración envuelta en un sentimiento de exclusión o de ¿ninungeo? que flota y envenena el ambiente, originada en que unos pocos se quedan con el grueso de la torta económica y actúan como si estuvieran por encima de las leyes, desprovistos de todo sentido de solidaridad y responsabilidad, cuya primera y fundamental expresión es el no pago de los impuestos que les corresponden, bien porque de frente los evaden con testaferros o en los impunes paraísos fiscales, o bien porque eluden parte del valor que les correspondería pagar, por medio de triquiñuelas jurídicas a costa del Estado; la razón aducida para justificar ese comportamiento es siempre la misma? para que le voy a dar mi plata al gobierno si se la roban. Alguna razón hay en ello pero en ningún caso es esa la solución y quienes acaban pagando quienes no tienen ni el conocimiento ni los medios económicos para defenderse, principalmente la clase media, sobre cuyos hombros recae un peso más que proporcional de la tributación del país.

El tema fiscal tanto en lo referente a ingresos como a egresos es un asunto eminentemente político y plantea el debate a favor o en contra de aumentar los impuestos directos o los indirectos. Los primeros recaen sobre los ingresos sean remuneración del trabajo o sobre los beneficios y rentas generadas por la actividad productiva y por la propiedad de activos, donde se concentran los más altos ingresos en cabeza de las empresas y de sus propietarios. Por su parte, los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA, son pagados por todos los consumidores, independientemente de su capacidad económica, es por ello un tributo regresivo salvo cuando se fija un tarifa mayor para bienes suntuarios o de consumo conspicuo que dependen del nivel de ingresos del consumidor.

El eventual aumento del IVA en la tarifa o en los bienes incluidos es el único tema tributario que genera movilización ciudadana, pues en general no hay oposición a reducir la tarifa impositiva a las empresas, consideradas el motor de la economía. El debate con el forcejeo político y el cabildeo en defensa de intereses, reaparece cuando se trata de gravar los ingresos personales altos para buscar introducirle el elemento de progresividad a las tarifas para que paguen más quienes reciben más.

Aunque el discurso justificativo de toda nueva reforma fiscal, presentada religiosamente por todo gobierno, es que ésta si va a ser estructural y progresiva para no limitarse a paliar la crisis fiscal del momento. El paso siguiente en el repetitivo sainete oficial es decir, ?por el momento? se aumentará el IVA y la tributación a los ingresos por trabajo y eventualmente, por presiones gremiales, se reducirá la tributación empresarial; y se ?deja para después? el aumento progresivo de las tasa impositivas a los ingresos de los contribuyentes por acciones, títulos, intereses? cuando es en esos recursos muy significativos donde se encuentra el principal venero de recursos fiscales. No se trata de aumentar el universo de la población contribuyente sino de simplificar las normas para darles transparencia y despojarlas de la carga agobiante de exclusiones y de excepciones que solo benefician intereses concretos sin justificación ni económica ni de justicia distributiva.

El otro frente fiscal indispensable para cortar el pasto debajo de los pies del populismo invasor está en el rescate del gasto público que en el Estado contratista vigente, cayó bajo el control de los varones de la contratación y de sus aliados o socios en el ámbito político, convirtiéndolos en recursos para atender necesidades de políticos, que no de la política, mientras que las verdaderas necesidades y aspiraciones de las comunidades , de las regiones y de la nación pasan a un segundo plano, con el consiguiente aumento de la desconfianza y la frustración ciudadana y el congelamiento o distorsión del desarrollo. Queda así abierto el camino a la manipulación populista de las necesidades ciudadanas con el consiguiente derrumbe de la credibilidad en las vías de la democracia y apertura de las puertas de acceso al tesoro público a todas las formas de corrupción e ilegalidad.