Desde el punto de vista político, y en lo concerniente a las relaciones entre el nuevo alcalde de Cúcuta y el Concejo, pueden ocurrir muchas cosas. 

Veamos algunas: si Jairo Yáñez no se deja influenciar mucho por el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien convirtió su despacho en un ring de boxeo, las relaciones con los concejales, deberán ser de mutuo respeto. 

Ya han tenido acercamientos en los que ha imperado esa cordialidad y el burgomaestre en sus diálogos insiste en la importancia del trabajo en equipo para lograr el cumplimiento de su plan de gobierno. 

Fiel a sus arengas de campaña, no menciona nada sobre una colaboración con participación.

Y, por su parte, los concejales manifiestan que colaborarán en las iniciativas que redunden en beneficio de la ciudad y del bienestar de los cucuteños. Una especie de “oposición creativa” con responsabilidad.

Con la experiencia que tuvo Cúcuta con dos alcaldes (Pauselino y María Eugenia), aparentemente sin ataduras políticas y con visos de independientes, pero que terminaron envueltos en los tejemanejes de las coaliciones,  resultaron siendo un fiasco para el progreso de la ciudad, esperando que el  alcalde Yáñez no caiga en lo mismo; al contrario, teniendo en cuenta esos antecedentes debe gobernar con el aplomo, la seriedad, la serenidad y la solidez que Cúcuta requiere para solucionar los graves problemas que la aquejan.

Es que con el actual sistema de mermelada, puestos y demás prebendas dispensadas por el ejecutivo a los miembros de las corporaciones públicas (Congreso, Asambleas y Concejos), estos se convierten en apéndices de los jefes de gobierno (nacionales, seccionales y locales), formándose entre ellos un contubernio que termina perjudicando al pueblo y al erario;  y eso viene sucediendo hasta hoy en casi todo el territorio nacional. 

Esto perjudicaría a los concejales que invirtieron altas sumas (500 o más millones de pesos) en su elección que no alcanzarían a recuperar ni el 50% con los honorarios que se les reconoce por cada sesión. 

Caso contrario al del alcalde Jairo Yáñez, quien, según sus cuentas, invirtió escasos 100 millones de pesos y va recibir, por reposición de votos y por los sueldos que devengará, una suma muy superior. 

Sería sano para el  ejercicio de un efectivo control político por parte de los concejales,  que cualquier desvío de la administración quedara al descubierto, lo cual redundaría, sin ninguna duda, en una gestión diáfana. Y, por otra parte, el alcalde manteniendo su palabra de cero corrupción, respetuoso de la ley,  con una nómina conformada por meritocracia y una contratación pública transparente y sin pliegos amañados, en la que  los aspirantes a contratar puedan participar  con posibilidades de éxito.

No sé si estoy alucinando al imaginar que estoy en el país de las maravillas, pero como reza el adagio: ¡soñar no cuesta nada!