Al presidente Abelardo de la Espriella se le cuestionó mucho su aspiración presidencial por su pasado como abogado defensor de personajes sumamente cuestionados y delincuentes de calibre nacional e internacional.En condiciones ordinarias no tendría que importar a quién defiende un abogado y por qué lo defiende, en últimas, es su forma de ganar la vida, mientras lo ejerza en el marco de la ley; pero, si ese abogado defensor neto de criminales aspira a la Presidencia de un país, ¿cambia la cosa?
Colombia lleva años padeciendo la decadencia de sus liderazgos tradicionales; cargar con el prestigio de una “familia política” se convirtió en una cruz pesada frente al agotamiento ciudadano. Estos quiebres institucionales no nacen de la nada: los outsiders emergen cuando las instituciones agotan su credibilidad y la gente prefiere entregarle el Estado a un forastero audaz. Esto no es nuevo. En la antigua Grecia, la llegada de los llamados 'políticos nuevos' y demagogos, hábiles con la oratoria, desafió al establecimiento aristocrático.
En la contemporaneidad, este fenómeno se repite cuando figuras ajenas a lo público, como Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador o Silvio Berlusconi de Italia, llegan al poder basando su legitimidad en replicar su éxito corporativo privado. Así ocurrió en Colombia, primero con el expresidente Petro (de grandes discursos, pero sin venir de familia política) desde otra orilla, y ahora con De la Espriella, bajo la consigna de “los nunca” y la promesa de gobernar la nación con su modelo de éxito personal.
Valga decir que para ser presidente no se exige ningún título profesional ni una experiencia en particular. Creer que quien aspire a este cargo debe conocer el Estado desde adentro, o como se dice coloquialmente: “hacer los pininos y la carrera política”, obedece a un imaginario colectivo y no a una regla estricta. En realidad, no se estudia para ser presidente.
Para participar en política se necesita un elemento que no enseñan en ninguna facultad del país: se requiere VOCACIÓN y, sobre todo, CAPACIDAD PARA CONECTAR CON LAS MASAS. Sin estos elementos es imposible aspirar a estos cargos; y es precisamente esa conexión la que le permitió a este abogado “exitoso” saltar a la presidencia.
Hay que ser muy hábil para defender a Alex Saab, acusado de lavar activos de un programa de alimentación venezolano; a David Murcia Guzmán, cerebro de una pirámide financiera; o al agente del ESMAD implicado en la muerte de Dilan Cruz, y salir ileso de todo ello.
Desde el punto de vista psicoemocional, sin tener en cuenta a una persona en particular, es claro que el abogado de estos casos asume siempre una posición de indiferencia ante el sentir del otro, es el común denominador, y está bien, en la medida en que se desarrolle en el marco del ordenamiento jurídico y se usen todas las herramientas permitidas por la ley. En ese sentido, para cargar mentalmente con la magnitud de estos casos es muy probable que se desarrolle un bloqueo de empatía (voluntario o involuntario).
Pero nada de esto es al azar, de hecho, es una fórmula muy bien aprovechada en los pasillos judiciales: asumir casos complejos, de alta taquilla mediática, donde las victorias elevan el prestigio. Fama más dinero igual a poder.
Ahora bien, ¿una persona que ha defendido criminales se convierte automáticamente en uno? No. Pero el debate aquí no es legal, es profundamente ético y moral. Desde una visión de la ética platónica, pasar de defender intereses particulares a defender los intereses nacionales es un salto brusco que rompe con los principios necesarios para gobernar. Un abogado le debe lealtad a su cliente: su deber es la parcialidad, tomar un solo lado y defenderlo con todas las herramientas de la ley. En el estrado eso no es un defecto, es una garantía del Estado de derecho. Un presidente, en cambio, les debe lealtad a todos, incluso a quienes jamás defendería: su deber es la imparcialidad. Lo que en el estrado es una virtud, en el poder puede volverse un riesgo.
Sin embargo, los desaciertos del gobierno Petro y la lucha de narrativas, dejaron un margen de maniobra donde las emociones primaron sobre las razones. Al final, los gobiernos son un reflejo de la sociedad que los elige. Toda esa audacia, irreverencia y artimañas legales perfeccionadas por el presidente en los estrados no fueron un obstáculo, sino su principal atractivo electoral. Hoy, esas formas no solo están validadas socialmente; habitan y dirigen la más alta dignidad del Estado.
Quizás la pregunta no sea si el pasado de Abelardo condiciona su legitimidad, sino por qué no nos condicionó a nosotros a la hora de votar.
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