La última revuelta de presos en las cárceles colombianas, con saldo de muertos, heridos y prófugos, nos recuerda que tenemos un problema que no ha sido posible resolver y que termina afectando a toda la sociedad.

Nuestro régimen penitenciario está colapsado, en donde periódicamente vemos que se hacen esfuerzos por construir nuevas cárceles, pero ante el atiborramiento de las actuales, de inmediato quedan colapsadas, lo que indica que estamos viviendo un problema sin fin, al cual no se le ha dedicado el tiempo necesario para un verdadero diagnóstico, y para apropiar los recursos que se necesitan para estar en capacidad de atacarlo por sus verdaderas raíces.

Siempre se habla de dos factores: construir más cárceles e incrementar las penas. Ninguno de los dos apunta a la resocialización.

El Estado tiene que fortalecer un sistema penitenciario que permita no solo reprimir y castigar sino el de trabajar para devolverle a la sociedad unos individuos dispuestos a recapacitar y a incorporarse a un proceso exento de la necesidad de delinquir.

Ahora contemplamos un doloroso panorama de unos delincuentes que para nada están dispuestos a recapacitar y que se quedaron en el delito como instrumento de vida. Tal vez por eso es que hoy se habla de que las cárceles son una universidad del delito.

Me llamó la atención la historia del guardián del Inpec, Fredy Aguilar, que se   capacitó y llegó a ser abogado, quien con claridad concluye: “Soy un convencido de que la solución al sistema penitenciario no está en el populismo punitivo, en incrementar las penas, no está en hacer más cárceles. La solución está en la educación”

Si las cárceles se convierten, además de un instrumento de represión, por qué no también incorporarles el elemento humano para recuperar la salud mental e incorporar al recluso a un proceso educativo que le permita pensar en otra opción de vida, y por sobre todo, de verdadera resocialización.