Luego de analizar la petición que hicieron el Centro Democrático y el Partido Conservador para flexibilizar el decreto del porte de armas como medida de protección para los ciudadanos en constante amenaza en Colombia, el presidente Iván Duque expidió el Decreto 2362 el pasado 24 de diciembre, con el que responde afirmativamente como regalo a lo exigido por su bancada.
En términos generales, el decreto es exitoso porque da continuidad a la medida impartida por Juan Manuel Santos en 2016 y que ha influido positivamente en la disminución de los índices de homicidios desde ese año: La suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego. Sin embargo, es un fracaso porque supedita dicha suspensión de expedición de permisos a la discrecionalidad del Ministerio de Defensa. En el parágrafo del art. 1 le otorga facultades a dicha cartera para decidir sobre la disposición de las armas en el país. Dice textualmente el decreto que MinDefensa “impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad”.
Los que apoyan esta discrecionalidad en el estudio de los casos de los solicitantes de permisos de portes de armas de fuego sostienen tajantemente que los criminales son los únicos beneficiados de que la ciudadanía esté desarmada, desconociendo totalmente los estudios de seguridad y convivencia ciudadana de centros académicos como la U. del Rosario o la Universidad de Pittsburgh, los cuales han encontrado relación entre los tiroteos y homicidios con el porte de armas por parte de particulares. Nadie podría negar la incidencia de las armas ilegales en los índices de homicidios en el país, sin embargo, esta no es razón para que el número de armas que circulan en Colombia aumente, sobre todo, teniendo en cuenta en las calles hay casi un millón de armas con salvoconducto.
Ante esto nace rápidamente la duda de si el discurso del Centro Democrático sobre la importancia del Estado y la confianza que debemos depositar los ciudadanos en sus instituciones sólo aplica a temas financieros, económicos y de mercado, es decir, que cuando hay comisión de delitos no deben ser las autoridades policiales y judiciales las que nos defiendan, sino que debemos estar preparados y prevenidos para hacerlos nosotros mismos.
Parece que a los receptores del regalo prometido se les hubiese olvidado el nacimiento de las Convivir, que ocurrió a partir de los salvoconductos de porte de armas que fueron otorgados en brigadas del ejército, o que sueñan con la aparición de nuevos grupos similares a estas que ‘protejan’ a los finqueros y ganaderos ‘de bien’, sin importar las consecuencias que esto pueda traer (y que ya conocemos). Nuevamente, equivocados, CD y conservadores hacen exigencias que nada tienen que ver con solucionar problemas de la sociedad. En vez de pedir por más protección para los líderes sociales y campesinos, mayores garantías para las mujeres que denuncian violencia física y sexual, más control en la contratación de asuntos de alta sensibilidad social como el PAE o generación de medidas judiciales que ofrezcan justicia a las víctimas sin aumentar la crisis carcelaria; se enfocan en un discurso que se agota rápidamente y que no apunta a eliminar las causas del crimen.
También se les olvida a los simpatizantes del porte de armas que los colombianos somos propensos a impartir justicia por mano propia, como lo demuestran estudios de semilleros de investigación en seguridad como el de la Universidad Liibre: Tres de cada diez colombianos prefieren vengarse de su agresor antes de denunciar. ¿No será mayor esta cifra una vez que todos podamos justificar ante MinDefensa la necesidad de llevar un arma de fuego con nosotros?
Para este 2019, como ciudadanos, pidámosle al CD más prudencia en sus peticiones y más ejercicios de memoria, para evitar volver a vivir los horrores que millones de colombianos sufrieron por culpa de las armas en manos de ciudadanos “honorables” y “personas de bien”.
