Resulta contradictorio y hasta de sombría gravedad en la función pública, que quienes tienen competencia para administrar la justicia y ejercer control disciplinario sobre los servidores oficiales, distorsionen esa función, saltándose las disposiciones de ley. Eso los lleva a perder autoridad en el juzgamiento de quienes son acusados de incurrir en faltas delictivas.

No se puede reducir a una anécdota “de mal gusto” el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, quien siendo presidente de ese tribunal traficó con sus propios fallos por dinero. Fue parte de un tejido de corrupción bautizado como “El cartel de la toga”. Lo mismo hizo otro exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien terminó judicializado y prófugo. Y son muchos más los actos repudiables que han servido de abono a la impunidad.

Es relevante la recurrencia del fiscal general de la nación Francisco Barbosa en actos que lo descalifican. No es solamente su obsesiva diatriba contra el presidente Gustavo Petro. Es su indebido aprovechamiento del poder propio de su cargo. Su afán de ganar visibilidad para la próxima competencia presidencial lo lleva a   asumir esfuerzos impertinentes, los cuales posiblemente no lo pondrán en el rumbo deseado. No se lo merece Colombia. 

A esa pretensión se suma la arrogancia autoritaria de la procuradora Margarita Cabello, quien pareciera actuar con impulso sectario del viejo partidismo. A eso se llega cuando se utiliza el poder con afán revanchista.

Montajes de ese orden, activados por los investidos del rango de cúpula del poder, cuentan con fieles seguidores. Hay congresistas, como es el caso del representante Ciro Ramírez, especializados en saqueo a los recursos públicos para su enriquecimiento y el de su círculo.

Esos traficantes del poder están en altos cargos, con las manos libres para el abuso con los recursos de los contribuyentes. Se les vuelve agua la boca hablando de institucionalidad, de moral y de otras bellezas que ellos mismos atropellan cotidianamente. Y lo insólito es que dictan sentencias condenatorias contra sus pares de la delincuencia común. Y llaman al orden, al tiempo que se oponen a cualquier cambio que le apueste a sacar del atraso a la nación.

Tiene que generar rechazo la dimensión alcanzada por la corrupción en el país y de la cual son actores reconocidos los servidores acomodados en los cargos claves del Estado. Lo que se pierde en ese tráfico alcanzaría para solucionar muchos problemas que afectan a los sectores vulnerables.

Por eso la política requiere un ejercicio que garantice no solamente transparencia sino que se haga en función de las apremiantes necesidades. Una política que no sea complaciente con las mafias de cuello blanco o las del narcotráfico y otros negocios ilícitos.

Una política que sirva para sanear a Colombia en todos los aspectos y que nunca más esté expuesta a padecer fiscales y magistrados que trafican con los cargos y los recursos puestos a su disposición.

Esos funcionarios en lugar equivocado no le sirven al país. Son contrarios a la ética y la democracia.

Puntada

La unidad de los colombianos también pasa por el fortalecimiento de las regiones, con reconocimiento de su autonomía en términos democráticos y destinación de recursos que faciliten la solución de crónicos problemas. 

ciceronflorezm@gmail.com

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