Si fuera cierto todo lo que dicen que hicieron cuando tenían funciones de gobierno o poder algunos servidores públicos, Colombia sería una nación con menos problemas y sus habitantes gozarían de condiciones de seguridad y de solvencia en su cotidiana existencia. Pero no es así.

Por ejemplo, se ha dicho hasta la saciedad que los ocho años de gobierno de Uribe fueron de bonanza y se pone la llamada política de “seguridad democrática” como una panacea consumada. Pero la verdad es que la paz no se alcanzó. Por el contrario, el paramilitarismo ganó espacios, el narcotráfico se tomó el campo para el cultivo de coca y la guerrilla mantuvo su ofensiva. Fue en el gobierno de Santos  cuando se llegó a un acuerdo con las Farc. Se desmovilizaron más de 12.000 combatientes. El acuerdo incluyó también la restitución de tierras usurpadas. Se incluyó como finalidad destinarlas a la producción de alimentos. Y se convino fortalecer la democracia. Pero esa paz no le convenía a los patrocinadores de la violencia porque no era compatible con sus intereses. Para ellos lo mejor es mantener el país en el infierno del conflicto armado, como fuente de enriquecimiento. Es el manejo de la nación con cálculo perverso.

Otro ejemplo: ahora se habla de un crecimiento de la economía y se muestra como una utilidad para todos. Pero los indicadores del Dane contrarían esa versión. Los colombianos siguen en pobreza, el desempleo se mantiene, sube la inflación y el costo de vida es superior al ajuste del salario. El crecimiento alcanzado se queda en la mezquina nómina de quienes se adueñaron del país, lo cual fue cuestionado en su momento por Alberto Lleras Camargo.

También se habla de democracia, mientras predomina la exclusión y no cesa el asesinato de líderes sociales, de ambientalistas, defensores de derechos humanos y dirigentes de etnias indígenas. Además, no hay libertad para la protesta social y desde el alto gobierno se justifica la represión y estigmatización contra los manifestantes inconformes.

Un capítulo muy revelador de las contradicciones oficiales es el de la corrupción. Porque sus actores son protegidos como en el caso del contrato del Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones con Centros Poblados. Y muchas otras trampas consentidas.

En vez de estar tejiendo mentiras para distraer y seguir en la narrativa del engaño, los heliotropos del establecimiento debieran ocuparse de las soluciones que reclama el pueblo.

Los electores colombianos están llamados a pensar en este entramado.

Puntada

La muerte de José Neira Rey “deja un espacio vacío”. Su dedicación al periodismo tuvo como objetivo el debate de los hechos de interés público. Abogaba por soluciones y quería que los territorios fronterizos tuvieran la suficiente atención del Estado. Unió a su inteligencia, el conocimiento, la comprensión, la decencia y la claridad para expresar su opinión sobre la realidad circundante. En la radio y en la prensa está el resultado de ese ejercicio. Es un legado útil que debe sumarse a la memoria de la comunicación regional.

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